La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, afirmó ayer que con el anteproyecto de ley de reforma educativa el Gobierno deroga "formal y jurídicamente" la Lomce del PP y moderniza la Ley Orgánica de Educación (LOE), la anterior norma de los socialistas.

Lo señaló durante su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso, donde PP y Ciudadanos expresaron su rechazo absoluto a esta reforma educativa, para la que presentarán una enmienda a la totalidad con texto alternativo y una enmienda de devolución, respectivamente.

La ministra explicó: "Nos limitamos a modificar los aspectos más controvertidos que la Lomce (2013) incorporó a la LOE (2006), sin perjuicio de que, con dicho objetivo, y únicamente desde el punto de vista de la técnica jurídica utilizada, se hable de derogación formal de la Lomce".

La propuesta se abre ahora a las administraciones (ha anunciado una Conferencia Sectorial en breve) y la comunidad educativa, recalcó la ministra.

Sandra Moneo (PP) anunció que su partido no apoyará la reforma y presentará un texto alternativo con una nueva ley que fortalezca las competencias del Estado, frente a "una falta de lealtad institucional que se ha producido por algunas comunidades autónomas". Advirtió a Celaá de que los populares se opondrán a cualquier intento de vulnerar las libertades educativas y criticó el intento de suprimir el papel de los padres en la elección de centros.

Marta Martín (Ciudadanos) definió el anteproyecto de "emplasto" y "provocación" y acusó a Celaá de no buscar el consenso y hacer una "imposición".

Lamentó, por ejemplo, que se quiera eliminar la "demanda social" para la oferta de centros concertados, que no se dé suficiente valor a la Alta Inspección y preguntó cómo se va a garantizar que las comunidades con lengua cooficial ofrezcan el 25% de las clases en castellano como fijó el Tribunal Constitucional.

El resto de partidos de la oposición sólo mostraron algunas puntualizaciones. Desde Unidos Podemos-En Comú Podem-Marea, Javier Sánchez pidió no volver a la LOE sino a una ley de 2018. Instó a eliminar la FP Básica porque segrega o incorporar una asignatura específica sobre educación afectivo sexual en Secundaria.