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El Parlamento ve problemas en la gestión de menores de IDEO

Una auditoría realizada por APD Consultores sobre la fundación remarca las deficiencias en materia laboral, instalaciones y reinserción de los menores.
V. Pavés, S/C de Tenerife
4/dic/18 6:25 AM
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Una auditoría realizada por APD Consultores resultó ser ayer la chispa perfecta para abrir el debate parlamentario -una vez más- sobre la gestión de los menores con medidas judiciales en Canarias. En el contexto de la comisión dedicada a políticas sociales, los grupos criticaron duramente la dejadez de la gestión de la Fundación IDEO en los dos Centros de Internamiento Educativo para Menores Infractores (CIEMI) de Canarias, el de La Montañeta (Gran Canaria) y Valle Tabares (Tenerife).

Los parlamentarios fueron desglosando poco a poco las deficiencias del servicio que está ejecutando la fundación y que fueron ratificadas por la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido. No obstante, esta última mostró su determinación por cambiar esta situación. Altas tasas de absentismo laboral, "carencias graves en las instalaciones", gestión directa e "indiscriminada" de las partidas presupuestarias e, incluso, una supuesta puerta giratoria hacia la administración, fueron algunos de los puntos de la gestión de IDEO que destacaron los grupos parlamentarios, especialmente PP y PSOE, cuyas críticas resultaron ser mucho más duras. Además, la parlamentaria María Teresa Cruz Oval (PSOE) destacó que la fundación cuenta actualmente con dos diligencias abiertas sobre la contratación de personal.

Todos estos detalles son sobre los que también hace hincapié la auditoría externa realizada a la fundación y solicitada por la propia consejería. Un documento de 58 páginas que costó aproximadamente 52.000 euros, tal y como remarcó Josefa Luzardo (PP), es decir, a unos 896 euros por página. Tanto ella como Cruz Oval demostraron su malestar por que la consejería haya solicitado este diagnóstico, ya que, como insistió esta última, "concluye lo mismo que la Fiscalía de Menores, la Audiencia de Cuentas y el Defensor del Pueblo".

Valido, por su parte, defendió la decisión de solicitar esta auditoría externa para tener más herramientas que puedan ayudar a "resolver estos problemas en la medida que se pueda". En este sentido, recordó que en 2015, sobre la fundación recaía una deuda de 587.000 euros que fue subsanada en 2016 después de que fuera atendida por la Consejería de Hacienda. Así, actualmente, la fundación cuenta con un superávit de 90.000 euros.

"Cuando tomamos las riendas de la Consejería, a principios de 2017, la situación de la fundación era de quiebra técnica y motivo de disolución. Ahora, menos de dos años después, la gestión de esta fundación es motivo de orgullo para nuestro departamento", explicó la titular del área. Valido adelantó, asimismo, que se está trabajando en mejorar estos servicios, por ejemplo, buscando lugares donde construir nuevos centros.

La estrategia para la Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza podrá entrar en vigor el 1 de enero. Esto es lo que puso de manifiesto ayer el comisionado del Gobierno de Canarias para la inclusión social y lucha contra la pobreza, Santiago Rodríguez, que se topó de frente con el escepticismo de todos los grupos políticos, a excepción de CC, quien defendió su labor.

Todos los grupos parlamentarios han dudado del documento, llegando a denunciar que no establece medidas concretas o que no implacará acciones ni compromisos pues estará supeditado a los objetivos del próximo gobierno. "Vemos que hay muchas valoraciones pero pocas acciones, Canarias está en un bucle de pobreza de la que vemos poca salida", denunció Noemí Santana, parlamentaria de Podemos. "Hemos llegado a la conclusión de que no hay salida con este Gobierno que ha tenido ya dos comisionados para hacer un plan", criticó Josefa Luzardo (PP). Mientras, Teresa Cruz Oval, destacó que "casi 1 de cada 2 canarios está en situación de exclusión social".

Rodríguez replicó que la estrategia incluye 342 acciones, muchas de ellas ya aplicadas. En este sentido, el Consejo de Gobierno dio luz verde ayer a esta herramienta que permitirá ordenar todas las actuaciones en los próximos años en las Islas.