El servicio de recogida de residuos en Las Palmas de Gran Canaria vive momentos delicados como consecuencia del retraso en el abono parcial de las nóminas a los 600 trabajadores que integran la plantilla de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa adjudicataria y prestataria de este servicio.

A esta situación, se suma la "precariedad laboral" que siente la plantilla desde que hace tres años comenzaran a dejar de cubrirse las vacantes producidas por los conceptos tradicionales: bajas temporales, jubilaciones, enfermedades prolongadas? Esta circunstancia y el hecho de que se perciba un bloqueo de la lista de reserva hace que el servicio de recogida de residuos en Las Palmas cuente con la mitad de la plantilla operativa, "o menos".

La advertencia desde la representación de los trabajadores es que la situación se puede agravar a corto plazo (enero, señalan algunas fuentes), cuando una flota integrada por unos 120 vehículos tenga que ser atendida por solo un mecánico y un jefe de servicio. La crítica, en este punto, es la "externalización paulatina" que se hace del servicio de taller.

Al final, eso se traduce en una mayor carga de trabajo y de tiempo empleado para cada trabajador, mientras la mitad de la plantilla sufre un retraso en el cobro de parte de sus salarios como consecuencia de los reparos puestos por la Intervención al abono de determinados conceptos.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lleva casi 20 meses con el proceso de licitación del servicio de recogida de basura, estando actualmente en la fase final con una propuesta de resolución de la Mesa de Contratación: Valoriza, con 94,81 puntos; FCC, con 89,58; Ascan-Acciona, con 86,22; Urbaser, con 83,76, y OHL, con 80,41. Consecuentemente, correspondería adjudicar a Valoriza un contrato de casi 142 millones.

Desde la oposición municipal se ha hecho hincapié en que se trata de una adjudicación temeraria argumentando informes técnicos que, de haberse aplicado, hubieran situado a FCC como empresa ganadora de este concurso.

Desde el comité de empresa de Urbaser, actual adjudicataria del servicio en la capital tinerfeña, su presidente, Celso Pacheco, expresó su rechazo a la situación que vive la plantilla de FCC en Las Palmas, aclarando que "aquí nunca han dejado de pagarnos la nómina, incluso cuando el ayuntamiento no le ha abonado a la empresa el canon durante meses".

Dámaso Arteaga, concejal de Servicios Públicos, se mostró preocupado por "la reacción de los propios trabajadores y, sobre todo, porque la empresa que se postula en Santa Cruz no está cumpliendo en Las Palmas".

Se da la circunstancia de que desde la oposición municipal en Santa Cruz se está defendiendo la tesis de FCC como la empresa con mayores garantías para la prestación del servicio que se requiere.