Tras una sesión marcada por el acuerdo final, pero no sin muchas críticas previas a distintas iniciativas, el pleno del Parlamento canario se cerró ayer con uno de esos momentos emotivos que suelen recordarse al hacer balance de la legislatura. No es que se aprobase una ley histórica, pero sí que se dio un paso clave para que las Islas tapen un hueco lamentable que las hace ser la única región del Estado sin ley de atención temprana, por la que esperan unos 9.000 menores canarios (y sus familias) con enfermedades que requieren un tratamiento especial y ágil antes de los 6 años.

Por unanimidad y tras presentarla de forma conjunta, los partidos tomaron en consideración el debate de esta propuesta de ley, con lo que se abre el último trámite parlamentario para su aprobación definitiva. Eso sí, y según advirtieron diputadas como Josefa Luzardo (PP), María Teresa Cruz Oval (PSOE), María del Río Sánchez (Podemos), Guadalupe González Taño (CC) o Melodie Mendoza (ASG), así como Luis Alberto Campos (NC), los partidos se afanarán por acelerar el proceso para que no se agote la legislatura sin sacar adelante esta norma, lo que haría perder mucho trabajo y tiempo dedicado hasta ahora, así como el impulso y empeño de los padres, diversas entidades y las dos universidades canarias.

Por eso, los partidos tratarán de que el periodo de enmiendas no se obstaculice o alargue en demasía para que el texto definitivo llegue a tiempo, al menos, para ser aprobado en el pleno de marzo, tal y como ocurre también con la ley de Servicios Sociales, aunque para ello tengan que recurrir a la vía de urgencia.

Que se trataba de un momento especial lo corroboraron las distintas veces que los intervinientes hablaron de "día histórico". Es más, Luzardo no pudo reprimir la emoción y se le quebró la voz o tuvo que ralentizar su discurso al resaltar la lucha de muchos padres por llegar hasta esta ley.

Para evitar que se retrase al siguiente mandato, los partidos tratarán de que las enmiendas sean ligeras y asumibles, entre otras cosas porque creen que el texto actual está muy trabajado, es muy completo y demuestra la pujanza e impulso dado desde las dos universidades públicas de las Islas.

Entre otras cosas, la nueva norma delimitará las competencias y responsabilidades en esta materia, siempre buscando un servicio integral a los menores de hasta 6 años con trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos, sin olvidar a sus familias. Además, se creará una red de responsabilidad pública y se potenciará un servicio que ha de ser universal y gratuito, con la máxima coordinación entre todos los sectores y con un marcado carácter interdisciplinar.

Así, se pretende que una acertada atención y detección a tiempo eviten trastornos mayores en la evolución biológica, psicológica y social del menor. Y es que, según remarcaron diversos grupos, algunos problemas o retrasos en el desarrollo psicomotriz pueden encauzarse o neutralizarse con una intervención adecuada y en el momento preciso.

Si el pleno se cerró con este buen sabor de boca, se había abierto con la aprobación de una moción del PP por la que se insta al Gobierno canario a utilizar 200 millones del superávit regional para gasto social. Eso sí, siempre y cuando lo permita el Ejecutivo central y para, entre otras cosas, reforzar la Prestación Canaria de Inserción (PCI). La iniciativa, defendida también por Luzardo, fue apoyada en su totalidad por CC y ASG, mientras que la izquierda (PSOE, Podemos y NC) le alabó la argumentación al PP, pero le censuraron la "incongruencia" con la dureza de Antona con la política social de CC hace días, así como que le aprueben las cuentas de 2019 y no incluyan estas medidas antes.

Aunque con algunas dudas o temores sobre si el cambio propiciará, de verdad, una mejor conservación, servicios y difusión, o si habrá más presión de municipios y particulares, el Parlamento autorizó ayer al Gobierno regional para que ceda las competencias de la gestión de los parques nacionales de Garajonay (La Gomera) y La Caldera de Taburiente (La Palma) a los cabildos de ambas islas. Frente a las reservas de grupos como el PSOE (aunque apoyó la medida), y pese a la visión aún más intranquila de Podemos, el presidente del Cabildo gomero y líder de ASG, Casimiro Curbelo, se mostró convencido de que esta traslación de competencias permitirá una mejor gestión en el futuro. También lo piensa la consejera de Medio Ambiente, Nieves Lady Barreto, y la diputada de CC Socorro Beato, quienes no entienden por qué han de ser peores el control o los servicios, como tampoco lo fueron cuando la gestión pasó del Estado a la Comunidad.

La Cámara dio vía libre así a una decisión que ya se tomó respecto al Parque Nacional del Teide y que, sin embargo, no se adoptará, de momento, con Timanfaya (Lanzarote) porque el Cabildo conejero no lo ha solicitado aún. Esto hizo que algunos grupos teman que las dudas de Lanzarote sobre si puede asumir un parque de ese relieve debilite la gestión de los otros, pero el Gobierno lo niega. Eso sí, tanto el PP como el PSOE recordaron que estos dos parques no han recuperado la financiación previa a la crisis ni cuentan con todo el personal que le corresponde.

Una urna con 2 papeletas de distinto color en mayo

Más allá del pleno, los grupos se reunieron ayer, tal y como planteó desde hace días el PP, para abordar el sistema electoral que se estrenará en mayo y alcanzaron un acuerdo global y mixto que satisface a muchos partidos para evitar confusiones u obstáculos de última hora. Finalmente, y porque lo fija el Estatuto, habrá lista regional, pero una única urna, con lo que los candidatos al Parlamento por cada Isla irán en un sobre y listado con un color, y los de la plancha autonómica, con otro. Se evita así, y pese a que el dictamen del Consultivo instaba a ello, la nueva urna, tal y como pedía el PP. Se hará, por ahora, sin ley regional y será el Gobierno el que defina estos detalles con un decreto.

A estudio el 0% de IGIC para coches eléctricos

Antes de aceptar a trámite la ley de atención temprana, los grupos tomaron en consideración en el pleno de ayer una propuesta de ley de CC, PP y ASG por la que se estudiará la aplicación del tipo 0% de IGIC a los vehículos híbridos y eléctricos, así como devolver a los profesionales del transporte parte del consumo si usan turismos híbridos. La izquierda lo apoyó, pero advirtió de que, tal y como se ha planteado, solo beneficiará a "los ricos", según recalcó Iñaki Lavandera, quien dice que, en el fondo, permitirá que alguien que compre un eléctrico de 107.000 euros, deje de abonar 7.000 de impuestos. Rodríguez (NC) cree incongruente esto si el fin es luchar contra el cambio climático cuando, a la vez, se elimina el impuesto energético a grandes empresas en el presupuesto.

89 millones sin destino del plan educativo

También se aprobó una PNL del PSOE por la que se propone analizar mejor el plan de infraestructuras educativas presentado hace días por la consejera, ya que la oposición cree que se ha improvisado, no consensuado con muchos municipios y presenta carencias o prioridades equivocadas. Ana González (PSOE) sostiene que 89 millones de lo previsto no tienen un destino claro. CC apoyó la PNL porque se le aceptó una enmienda para pedirle al Gobierno central que se mantenga en 2019 la inversión de 42 millones pactada este año para estos equipamientos.

Centro de contaminación marina en Gran Tarajal

No sin duras críticas a la gestión de CC del puerto de Gran Tarajal de casi todos y pese a tildar esta PNL de pura propaganda vacía, también se aprobó la idea de Lola García de crear un centro de interpretación sobre la contaminación marina en esa zona majorera.