En Canarias se estima que hay alrededor de 2.100 personas que padecen esclerosis múltiple (EM), una patología degenerativa y crónica del sistema nervioso, de origen autoinmune, que afecta al cerebro y la médula espinal.
La vida para los afectados por esta patología, conocida como la enfermedad de las mil caras, no es fácil. Por este motivo, la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple de Las Palmas (APEM), coincidiendo con el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple (18 de diciembre), solicitó que se les reconozca el grado mínimo del 33% de discapacidad una vez se les diagnostique la enfermedad, hasta el momento incurable.
Actualmente los afectados de EM no obtienen la discapacidad de forma automática. Son sometidos a valoración por parte del tribunal competente de la Comunidad Autónoma, que les otorga el porcentaje que determinan según sus criterios. Pero algunas manifestaciones de la esclerosis múltiple, como la fatiga, que padecen los afectados en un 85% de los casos, el deterioro cognitivo, los trastornos psiquiátricos o el dolor, son frecuentemente subestimadas a la hora de obtener la gradación mínima.
Para las personas que tienen EM, son estos síntomas invisibles los principales factores de su discapacidad, a menudo por encima de los problemas motores y sensoriales, de forma que los limitan totalmente en su vida diaria y en su desarrollo laboral.
Prueba de ello es que tres cuartas partes de los afectados por esclerosis múltiple afirma que la presencia de la enfermedad afecta a su trabajo, un 43% de los enfermos deja su empleo durante los tres años posteriores al diagnóstico, y este porcentaje se eleva hasta el 70% unos 10 años después.
Además, un 80% de las personas con esclerosis múltiple son diagnosticadas antes de los 40 años, por lo que la mayoría recibe el diagnóstico durante los primeros años de vida laboral, un momento especialmente delicado teniendo en cuenta que se trata de la etapa más productiva del ser humano, y que estos enfermos quedan fuera del paraguas del Sistema Nacional de Salud para tratamientos rehabilitadores como la fisioterapia o la logopedia.
Con la discapacidad mínima se garantizarían algunos ajustes en los puestos de trabajo para las personas que padecen EM (horario laboral flexible, pausas regulares, tareas variadas, adaptación del espacio de trabajo y de la temperatura, o libertad para hacer las visitas médicas), pero no se obtienen beneficios económicos. Es por ello que desde APEM entienden que cuando ya no es posible desarrollar ninguna actividad laboral, debería adjudicarse un grado de 65% de discapacidad.