La Policía Nacional y la Tesorería General de la Seguridad Social realizaron la "operación Plano", dirigida contra personas y sociedades que defraudaban a dicho organismo, cuantificándose el fraude en casi 1.600.000 euros. Las investigaciones comenzaron a principios de año tras recibir diversas denuncias por posibles ilícitos. La actuación culminó con el arresto e imputación de 18 personas en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife por dieciocho delitos contra la Seguridad Social, frustración en la ejecución y falsedad documental.

Las infracciones tuvieron lugar en sectores como la construcción, la estética, la cinematografía, la restauración, la hostelería y la actividad física. Los investigados realizaron sucesiones empresariales opacas y crearon grupos fraudulentos de empresas, utilizando testaferros, aunque otras veces pusieron al frente de los negocios a miembros de su propia familia o a trabajadores que no tenían otra opción si pretendían mantener el trabajo. Además, crearon sociedades patrimoniales a nombre de terceros, donde transferían los bienes de las empresas deudoras y de sus administradores para ocultar el patrimonio y los beneficios a sus acreedores. Los funcionarios también detectaron falsedades documentales de modelos de solicitud de conciliación con los trabajadores. El caso más notorio se produjo por parte de un matrimonio canario que gestionaba varios centros deportivos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Con su empresa principal, creada en el año 1997, llegaron a acumular una deuda con la Seguridad Social que rondó los 300.000 euros. La pareja, con el fin de no pagar a la Seguridad Social, no paró de realizar diversas tretas y se les detectaron hasta cuatro "modus operandi" diferentes. Primero crearon empresas para gestionar de manera individualizada sus numerosos centros deportivos, haciendo rotar a los trabajadores entre ellas para evitar que acumularan antigüedad con una misma sociedad. Después, y ya acuciados por los acreedores, obligaron a los monitores deportivos a darse de alta como autónomos, creando una contratación fraudulenta. A partir del 2012 retiraron los datafonos para impedir que sus clientes pagaran con tarjeta, disimulando de una forma sencilla los ingresos obtenidos al pasar a manejar más efectivo. Tras los intentos de cobro de la Administración, y con el único fin de seguir burlando sus controles, en el 2010 gestaron una empresa en la que pusieron al frente a un testaferro, sirviéndoles para realizar una caja única entre esta y la principal deudora. Así, la nueva sociedad carecía de trabajadores, escapaba de estar fiscalizada por la Tesorería, declarando en ella solo ingresos y dejando los gastos en la cuenta de la sociedad principal, falseando así la situación económica real de ambas sociedades. Después, ante las quejas del testaferro, el matrimonio recabó el control de la empresa a través de una venta privada por cerca de 100.000 euros que nuevamente escondió a la Tesorería, pasando el principal investigado de ser administrador de hecho a ser de derecho, y su mujer a ser socia de la empresa.

En el 2016 arrendaron un gimnasio sobre el que pesaba un embargo de su maquinaria y de sus diferentes aparatos, encubriendo los ingresos generados de la explotación del negocio. Este alquiler incluía el centro deportivo con todos sus aparatos, los trabajadores a los que mantuvo sin solución de continuidad y a todos los clientes, creando con ello una sucesión empresarial encubierta.

Un sueldo de 20.000 euros

Desde 2016, la mujer, que cobraba un sueldo que rondaba los 20.000 euros, recibió en menos de 24 meses en sus cuentas particulares ingresos por 240.000 euros, tratando de evitar así los embargos asociados a la deuda de la Seguridad Social. Por todo ello, fueron detenidas tres personas e investigada no detenida una cuarta, imputándoles un delito contra la Seguridad Social y tres de frustración en la ejecución.