La directora general de Protección a la Infancia y Familia del Gobierno canario, Carmen Morales Rodríguez, asegura que, según los datos en poder de su departamento, los adolescentes empiezan a delinquir a partir de los 12 y 13 años. También expone que hay jóvenes de 20 o 22 años, por ejemplo, que todavía siguen cumpliendo una condena en los centros de internamiento educativos para menores infractores (Ceimi) de las islas, es decir, Valle Tabares, en Tenerife, o La Montañeta, en Gran Canaria.

Morales dice que esos adultos comparten instalaciones con chicos de 13 o 14 años; "y eso es negativo". Para la directora general, "uno de los retos que tenemos consiste en cambiar el sistema punitivo" con aquellas personas que cometen delitos cuando son menores, "pues no lleva a ninguna parte". En opinión de Carmen Morales, "hay que aprender de los errores cometidos", por lo que se debe priorizar la reeducación. En esa línea, recuerda la importancia de apostar por experiencias en las que los menores con medidas judiciales e internamiento puedan residir en un futuro en "pequeñas casas, con más autonomía e independencia".

En el diagnóstico sobre la situación de la infancia y la familia en Canarias, presentado este año, una de las conclusiones en relación a la Justicia Juvenil destaca que se ha producido un incremento significativo de las chicas que tienen medidas judiciales o cometen delitos. La directora general apunta que hace años casi todas las intervenciones eran con varones, pero actualmente, aunque no existe un equilibrio pleno, "sí es verdad que se van acercando". En el referido análisis, también se percibe la consolidación de "los delitos de las agresiones filioparentales (de hijos a padres)". Morales califica este problema de "alarmante" y, "cada vez más, se descubre que muchas adolescentes pegan a sus madres o abuelas". Otro conjunto de infracciones penales que generan preocupación a los responsables de la Administración canaria que gestionan estos casos está relacionado con las nuevas tecnologías. Entre ellos, empieza a surgir el de las apuestas "on line" efectuadas por menores de edad a través de sus teléfonos móviles. Y tampoco descienden los episodios vinculados a los chantajes, sexting (amenazas con imágenes pornográficas de la víctima) o bullying (acoso escolar). La directora general expone su imquietud porque, aparte del acosador y el afectado, están aquellos menores o jóvenes que comparten imágenes o mensajes denigrantes para la víctima. En Canarias se estima que residen 356.000 menores de edad. De ellos, 151 se encuentran actualmente internos en Valle Tabares y La Montañeta. A finales del año 2015 más de 930 menores estaban sometidos a una o varias medidas judiciales (2.862 en total). De esos adolescentes, 116 se hallaban en dichos centros y 817, en régimen abierto.

En diciembre de 2016, 941 menores contaban con 2.851 medidas judiciales. De estos chicos, 150 permanecían recluidos en Valle Tabares o La Montañeta, y 791, en régimen abierto. En 2017, 923 menores acumularon un total de 2.798 medidas. De esos jóvenes, 137 vivían en tales recintos.

La memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año pasado establece que en toda España se cometieron 65.337 delitos por personas de entre 14 y 18 años de edad. De esa cifra global, 4.939 ocurrieron en Canarias. Por provincias, en Santa Cruz de Tenerife se registraron 1.881 infracciones penales, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se contabilizaron 3.058. La directora general de Protección a la Infancia y Familia atribuye esta considerable diferencia entre ambas provincias a que en la oriental existen muchos más habitantes que en las islas occidentales. En esa línea, recuerda que en La Palma, La Gomera y El Hierro la población está mucho más envejecida que en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Entre los delitos más comunes llevados a cabo por menores, tan solo en los hurtos la provincia de Santa Cruz de Tenerife acumula un mayor núm ero que la de Las Palmas, concretamente tres más (308 por 305). El pasado año se registraba un homicidio o asesinato en cada provincia. Además, las fuerzas de seguridad del Estado, el Cuerpo General de la Policía Canaria y las policías locales intervinieron en 557 delitos de lesiones llevados a cabo por adolescentes, en 38 agresiones sexuales, 86 abusos sexuales, 293 robos con fuerza y 113 robos con violencia e intimidación (tirones, atracos o con amenazas). Al igual que ocurre desde una perspectiva general, los hurtos son la infracción penal con más casos. En toda la Comunidad Autónoma se denunciaron 613. Además, hubo 248 daños materiales, 51 contra la salud pública (trapicheo de droga, principalmente). A lo largo de 2017 se contabilizaron dos episodios de conducción temeraria y 69 casos de conducción sin permiso. Otro dato relevante es que en Canarias se denunciaron 398 delitos de violencia doméstica (de menores a sus familiares más directos), así como 40 de violencia de género.