El administrador único de Radiotelevisión Canaria, José Carlos Naranjo, aseguró hoy que es plenamente competente para la adjudicación del contrato del transporte de la señal de la televisión y la radio autonómicas, puesto que su mandato incluye la continuidad del servicio público.

Naranjo, que compareció en la comisión de control de RTVC del Parlamento canario, afirmó que cuenta con los informes jurídicos y técnicos para adjudicar ese contrato por una duración de cinco años y un importe de 24 millones de euros, pese a que algunos partidos de la oposición consideraron que se debería esperar a que el nuevo consejo rector, que se denominará junta de control, defina su modelo, que podría pasar por crear una empresa pública para el transporte de la señal.

Esther González, de Nueva Canarias, consideró que toda la tramitación de este contrato parece destinada "para que solo pueda presentarse la empresa que ya presta el servicio" e impedir que otras puedan participar.

"Podría haber licitado una contratación por seis meses o un año para que sea el nuevo consejo rector el que decida si mantiene este modelo o constituye su propia empresa pública para gestionar el transporte de su señal, como ocurre en otras comunidades autónomas", dijo Esther González.

Denunció la falta de transparencia, la licitación urgente, el acortamiento de plazos y la división del contrato en "macrolotes", todo lo cual "vulnera el principio de libre concurrencia".

Gustavo Matos, del PSOE, lamentó que toda la gestión de RTVC esté basada "en la excepcionalidad jurídica permanente", en "el lío", debido a que en vez de que la prioridad sea el servicio público, la televisión canaria se ha convertido en "un negocio de reparto de contratos y adjudicaciones a empresas y concesionarios".

Para Matos, el administrador único, con un mandato limitado a la gestión ordinaria hasta que se elija al consejo rector, se considera compatible con la adjudicación de un contrato que compromete al ente por cinco años y por un importe de 24 millones de euros. ""Eso es complicado de encajar", comentó.

Juan Márquez, de Podemos, también consideró que montar una televisión como fuente de negocios para terceros es lo que ha degradado RTVC y defendió la constitución de una empresa pública autonómica que sea la que transporte la señal.

El administrador único insistió en que el mandato que tiene del Parlamento para la continuidad del servicio público es lo que le da base para la convocatoria de este concurso, cuya adjudicación no condiciona la decisión que se tome en el futuro sobre el modelo de gestión público o privado de RTVC.

Aseguró que con una adjudicación de la señal por cuatro años prorrogables a cinco se da estabilidad a los trabajadores y a RTVC y afirmó que no se puede sacar un concurso por menos tiempo por el riesgo de que quede desierto, ya que las inversiones necesarias son muy elevadas y la empresa adjudicataria necesita un tiempo razonable para recuperarla.