María Isabel Santos, Octavio Manuel Fernández y Ruth Cristina Arteaga, secretarios de los ayuntamientos de Güímar, Candelaria y Arafo, respectivamente, requieren del consejero insular de Aguas que "la rectificación pública" de las declaraciones realizadas el pasado 30 de noviembre en las que los señalaba como responsables de que se dilate la solución al saneamiento en el Valle de Güímar. Un pronunciamiento que realizó en el marco del encuentro al que convocó a los tres gobiernos locales de la comarca, así como a representantes de las respectivas oposiciones.
En el requerimiento que los tres funcionarios de carrera remitieron al consejero socialista del Cabildo tinerfeño, documento firmado ante notario, transmiten a Martínez que sus palabras "vulneran el honor, integridad moral, reputación y propia imagen de los secretarios municipales". Al tiempo, le hacen saber que también es aplicable el artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, "de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen". Finalmente, le comunican que le hacen llegar el requerimiento "reservándonos el ejercicio de acciones legales en defensa de nuestra reputación pública, gravemente dañada".
Los tres secretarios municipales califican de "rotundamente falso" que "hayamos puesto traba o trabas jurídicas para solucionar el problema de saneamiento y depuración del Polígono Industrial Valle de Güímar".
También declaran inciertas y "rotundamente falso" que "no tengamos voluntad jurídica de solucionar" dicho problema, igual que es "rotundamente falso" que los secretarios "dilatamos la solución al saneamiento del Valle". Rotundamente falso es que sus informes "sean contrarios a las propuestas que se plantean para solucionar el problema de saneamiento y depuración del Polígono", siendo igual de "rotundamente falso" que los secretarios "nos opongamos a las obras que el CIATF está desarrollando para cumplir con la Directiva de Unión Europea en saneamiento y depuración".
Los secretarios de los tres ayuntamientos del Valle de Güímar se quejan de "grave escasez de medios personales" para realizar su trabajo. Aún así, en lo que afecta al Polígono Industrial y al saneamiento del Valle de Güímar cumplen con la elaboración de los informes jurídicos preceptivos "en tiempo y forma", tanto en materia de depuración como de saneamiento del complejo industrial. Entre esos informes citan "la Entidad Urbanística de Conservación (EUC)", los relativos a "encomiendas y convenios entre los ayuntamientos y el Consejo Insular de Aguas de Tenerife (CIATF)" y los referidos al "cierre de los desagües de aquellas empresas que han incumplido y expedientes sancionadores".
Santos, Fernández y Arteaga "hemos convocado, certificado, notificado y levantado acta de todos los plenos" en que se abordan estos asuntos: "hemos asistido a todas las reuniones que se han convocado, tanto el Cabildo como el Consejo Insular de Aguas de Tenerife", al margen de la hora, el lugar y la duración; "hemos cumplido nuestra función (...) y nunca nos hemos negado o rechazado reglamentos o documentos".
A fin de aclarar sus funciones, comunican al consejero insular que entre ellas no están "aprobar proyectos de obras, la licitación y ejecución de estaciones de tratamiento y depuración", ni la coordinación y cooperación entre las administraciones ni aprobar los presupuestos y planes de cooperación.