Los grupos políticos laguneros decidieron ayer en una junta de portavoces que aquellos partidos que cuentan con representación en el Congreso de los Diputados (CC, USP -a través de Unidos Podemos-, PSOE, PP y Cs) presionen para lograr el objetivo de que se amplíe el convenio de Las Chumberas, que vence el lunes y que, de no prorrogarse, obligará a devolver los fondos. La intención es que se prolongue a 2022.
Aunque no estaba en el orden del día, el asunto fue el protagonista de un pleno extraordinario y urgente celebrado en la mañana de este jueves en el Ayuntamiento de La Laguna y que, al finalizar, dio paso a una junta de portavoces. A su conclusión, el alcalde, José Alberto Díaz, expresó que su preocupación es que la firma se produzca antes del día 31 de diciembre -en lo que mostró su confianza-, y también recordó que la propuesta que se envió meses atrás al Estado fue elaborada por el Cabildo de Tenerife, si bien, días atrás, la directora insular de Vivienda se expresó en sentido crítico con La Laguna.
"Aunque hubiésemos empezado la obra, estaríamos en la misma situación", ejemplificó sobre lo reducido del plazo que se había marcado inicialmente y para el caso hipotético de haber comenzado los trabajos desde el mismo momento en que se recibió la subvención. También dijo que en el encuentro mantenido por los portavoces les brindó al resto de grupos información sobre los gastos realizados con el dinero del convenio.
Precisamente, uno de los aspectos que centraron el discurso de la oposición durante la sesión plenaria previa fue qué uso se le había dado a los fondos recibidos. Además del no adscrito Javier Abreu y Rubens Ascanio (USP), también Mónica Martín (PSOE) se sumó a la crítica, y afirmó que el regidor local se había "equivocado". En esa línea, salió adelante una enmienda de adición (en la segunda moción) discrepante con la actuación de Díaz y solicitando documentación. Ahí, por su parte, CC votó en contra y el también no adscrito Zebenzuí González se abstuvo.
La nota de color la puso una vecina que, molesta con los retrasos, interrumpió el pleno para intervenir. El alcalde la emplazó a un receso y, llegado este, mostró su disconformidad ante un corrillo de concejales y el regidor local. Solicitó, eso sí, que no quería que su imagen saliese en los medios de comunicación, aunque quizá había elegido el lugar menos adecuado para la discreción.
La primera de las tres mociones que componían el pleno de ayer estaba centrada en la regulación del alquiler vacacional, y tuvo como principal acuerdo mantener un encuentro de los grupos municipales durante la segunda quincena de enero, "donde se le trasladará el informe inicial del servicio de planeamiento para que puedan hacer las aportaciones que estimen oportunas".
La iniciativa fue planteada por USP, pero lo que acabó prosperando fue una enmienda de CC. Votó en contra de esta Cs, mientras que se abstuvieron XTF-NC y el no adscrito Javier Abreu. Por su parte, CC, USP, PSOE, PP y Zebenzuí González dieron su apoyo al texto. "Vamos a confiar por segunda vez, pero no habrá una tercera", manifestó la edil Idaira Afonso (USP) sobre el respaldo a la propuesta.
Aparte de lo anterior, se sacaron adelante en este punto varios acuerdos supramunicipales (como solicitar al Cabildo una instrucción para todos los ayuntamientos o instar al Gobierno regional a elaborar un marco autonómico de coordinación, entre otros aspectos) y la edil de Urbanismo, Candelaria Díaz, explicó que se está trabajando para solucionar este problema sobre todo en el ámbito del HUC y zonas universitarias.
Ampliación del parque de vivienda social
En la moción de ampliación del parque de vivienda social y de emergencia -que derivó fundamentalmente en un debate en torno a Las Chumberas- salió adelante la moción de USP, no así la enmienda de sustitución de CC. El acuerdo se alcanzó con los votos de USP, PSOE y XTF-NC; el rechazo de CC y del no adscrito Zebenzuí González, y las abstenciones de Cs y PP. Entre otros puntos, el documento incluye reclamar la paralización cautelar de los desahucios de las personas que habitan en el edificio de la calle Méjico (Taco); promover un censo, junto al Instituto Canario de la Vivienda, para conocer la cantidad de casas sociales "sin uso correcto" existentes en la actualidad en el municipio, "reclamando su puesta en uso lo antes posible"; iniciar los expedientes necesarios para consignar "las cantidades necesarias" en los presupuestos de 2019 para la compra de edificaciones vacías destinadas a ampliar la red municipal de pisos de alquiler social y emergencia; estudiar la realización de convenios de cesión, durante un tiempo "determinado o indefinido", para poder rehabilitar promociones inmobiliarias inacabadas para destinarlas a uso social, y analizar la cesión de los 118.000 metros cuadrados de suelos para viviendas de protección oficial de Muvisa al Instituto Canario de la Vivienda para la puesta en marcha de proyectos de casas sociales en el municipio.
Moción sobre el polígono Padre Anchieta
También USP consiguió que prosperase su propuesta sobre el polígono Padre Anchieta, dado que los votos de USP, XTF-NC, PSOE y Cs fueron más que los de CC y Zebenzuí González -que se posicionaron en contra- y los del PP -que se abstuvo-. El texto, en esencia, se centra en las obras y en los casos de "enclaustramiento" de vecinos, para buscarles solución. Además, hubo debate en torno a la instalación de ascensores y a la retirada de bidones de uralita de las azoteas. La edil de Vivienda, Flora Marrero, defendió el trabajo realizado.