El Ayuntamiento de Santa Cruz y el Cabildo de Tenerife discrepan del valor que técnicos de ambas administraciones han dado a la parcela municipal que, desde 2001, ocupa la compañía de transporte Titsa en Santa María del Mar, en el distrito Suroeste.

Frente a los 2,5 millones que, a juicio de los técnicos municipales, costaría la parcela, los de la Corporación insular rebajan esta cantidad a algo más de 1,5 millones, según detalla el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife.

Por ello, el edil avanza que la "única salida" que ve a este asunto es llevarlo a los tribunales para que un perito judicial determine cuál es el precio de los terrenos en litigio, que la Corporación insular -y Titsa- ha mostrado su intención de adquirir.

"No me voy a mover un ápice de lo que dicen los funcionarios de la Gerencia de Urbanismo", advierte Tarife. "Que sea un perito judicial el que dé la razón a Santa Cruz o al Cabildo, o haga una tasación intermedia", añade.

Precisamente, el grupo Sí se Puede había preguntado estos días por este asunto, que será abordado en la comisión de control de hoy. La formación cuestionaba al concejal de Urbanismo por el título por el que Titsa ocupa esta parcela municipal en Santa María del Mar, el dinero que se ha obtenido por la ocupación del espacio y por qué no se ha procedido a la compraventa.

En la respuesta por escrito remitida a SsP, Tarife detalla que Titsa tiene una cesión de uso del terreno "como paso previo a la tramitación de expediente de cesión gratuita en pleno dominio, que nunca ha tramitado al no aportar la compañía la documentación acreditativa de las circunstancias que exige el reglamento de bienes de las entidades locales".

Además, el edil reconoce que el ayuntamiento "no ha obtenido dinero alguno de Titsa" por la ocupación de la parcela, al no existir título jurídico que legitime el cobro de cantidad alguna, y remarca que si bien se dispuso el inicio del expediente de venta del solar, "dicha transacción se encuentra pendiente de formalizar porque Titsa no ha prestado conformidad de tasación".

Sí se Puede emitió ayer un comunicado en el que denunció que Titsa sigue ocupando "irregularmente" una parcela municipal para sus cocheras, y recordó que, en diciembre de 2016, el anterior concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, se comprometió ante la comisión de control a vender el solar a Titsa por 2,5 millones, cantidad establecida por el personal técnico de la Gerencia y que se reclamaría al Cabildo como precio de la compraventa.

Garcinuño aseguró entonces que los fondos que se obtendrían a través de esta operación irían destinados a la construcción del edificio por el que esperan las personas expropiadas en el barranco de Santos. Se trata de "una solución que nos parece satisfactoria, dado que se cumpliría con el compromiso adquirido con unos vecinos que llevan esperando más de diez años por estas viviendas de reposición", recalca el portavoz de Sí se Puede, Pedro Fernández Arcila.