El Gobierno de Canarias ha acordado con la dirección del Banco Santander la compra de los edificios de las manzanas 7 y 8 de Añaza por un valor de 24.890.000 euros, un total de 358 viviendas con carácter de VPO en régimen de alquiler cuyas familias inquilinas tenían la amenaza de desahucio o la no renovación de sus contratos por parte de las empresas filiales del banco.

En el ámbito de la sede de Presidencia, los presidentes regional e insular, Fernando Clavijo y Carlos Alonso, respectivamente, junto al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y la consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, Cristina Valido, entre otras personalidades, y la representante de las familias, Inma Évora, hicieron público el acuerdo, que supone un hito a nivel nacional por el procedimiento y el volumen de viviendas protegidas.

Sobre ello, en menos de un mes y medio se rubricará el acuerdo alcanzado entre las partes después de la amenaza a las familias, de las conversaciones mantenidas, las tensiones entre la entidad y el Cabildo de Tenerife y ayuntamiento capitalino, las tasaciones de las partes y las negociaciones posteriores que han llegado a buen término, teniendo en cuenta la coincidencia entre los técnicos del Ejecutivo y el banco en cuanto a la valoración total de los inmuebles, que se fijó en 29 millones.

Finalmente el resumen de lo anunciado se centró en que se pagarán de golpe 24,9 millones; que la firma de la compra se producirá, previsiblemente, en 45 días; y que el Gobierno de Canarias, a través de Visocan, se convertirá en el arrendador de las 358 viviendas. Además, se abrirá en unas semanas una oficina de información para los vecinos de las manzanas 7 y 8 afectadas que servirá para asesorar a los mismos sobre cada una de las situaciones personales que se han producido desde que en octubre del año pasado se hiciera pública la amenaza de desahucios o no renovación de los contratos por parte de las filiales del Santander.

Fernando Clavijo puso en valor la coordinación existente entre el Ejecutivo, Cabildo y Ayuntamiento de Santa Cruz, destacando que el importante acuerdo alcanzado en el precio "ha sido por debajo de mercado". En este punto, Valido apuntó que para poder lograr el acuerdo "era fundamental mantener una estrategia discreta" para lograr llegar a "este final feliz" que se concretará con la transmisión definitiva de las viviendas y la gestión de Visocan.

Carlos Alonso defendió el papel de las administraciones, destacando la posición del consistorio capitalino para que con su iniciativa se haya resuelto este asunto social convenientemente y que salva "cientos de familias de forma excepcional".

Por último, José Manuel Bermúdez reconoció sentirse feliz por la resolución y devolvió el cumplido a Alonso al destacar el papel del Cabildo cuando se posicionó al lado del ayuntamiento al anunciar "la retirada de fondos del Santander (26 millones)", el mismo día (16 de octubre de 2018) en que hizo lo propio el consistorio (3 millones), entre otras cuestiones.

Por último, la activista Inma Évora resaltó la importancia de poder garantizar que las familias "ya no se van a ir a la calle".

Un ejemplo único a nivel estatal

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que la operación de compraventa de las 358 viviendas sociales de Añaza como defensa de las familias "es un ejemplo único a nivel del Estado"./ J.A.

LAS CLAVES

El pasado día 5 de octubre se hace pública la amenaza de desahucio o de no renovación de contratos de alquiler por parte del Santander o sus filiales, que afectarían a 358 familias de las manzanas 7 y 8 del populoso barrio de Añaza.

Tres días más tarde, el 8, el alcalde José Manuel Bermúdez exige paralizar los desahucios junto al Cabildo y el Gobierno de Canarias tras reunirse con los vecinos. Se inician los contactos para paralizar los alzamientos.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) lleva a la Fiscalía el caso y el alcalde asegura que revisará su relación con el Banco Santander tras no obtener respuestas ni tener información de la entidad financiera.

El día 16, Cabildo y ayuntamiento anuncian la retirada de un total de 29 millones de euros de las cuentas del banco, además de amenazar con tomar otro tipo de medidas conjuntas si no paraliza los desahucios o la venta de las viviendas a fondos buitre.

La presión hacia la entidad y la mala imagen del banco surgida a raíz del problema supone que el Santander pida una reunión para aclarar las cosas mientras se suspende el desahucio de Valeria.

Finalmente, el 19 de octubre, Bermúdez anuncia el acuerdo alcanzado por el presidente regional, Fernando Clavijo, con el consejero delegado del Santander, Rami Aboukhair, con el que finalmente se decide la negociación para comprar las viviendas.

Por último, Clavijo anuncia el acuerdo de compra de las 358 viviendas por 24,9 millones de euros.