La postura de rechazo que mantiene Coalición Canaria a la imposición de una tasa turística -aparentemente monolítica- empieza a presentar algunas fisuras. El consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Alberto Bernabé, se ha mostrado partidario de abrir el debate acerca de la conveniencia de gravar las pernoctaciones de los visitantes y advirtió de que en el seno de la formación política conviven "distintas posiciones".
Bernabé puso sobre la mesa su propuesta el pasado jueves durante su intervención en el congreso "Paisaje, turismo y sostenibilidad. ¿Invasión o recurso?", que se celebró hasta ayer en La Laguna. Su postura fue respaldada por otros intervinientes en las jornadas -los alcaldes de Adeje y Guía de Isora (PSOE), el del Puerto de la Cruz (PP) y el consejero del Cabildo de Lanzarote (también de Coalición)-, informó la organización en un comunicado.
"No es la primera vez que digo a título personal que la tasa turística no se puede rechazar de plano", recordó ayer el consejero a este periódico. Bernabé admitió que la posición de CC es contraria a la imposición de la tasa. "Pero eso no significa que no haya un debate vivo y distintas posiciones", advirtió.
La imposición de un tributo de estas características en Baleares, una región "turísticamente similar" a Canarias, permitirá evaluar su funcionamiento y hace oportuno abordar el estudio de esta medida, según el consejero tinerfeño, quien, no obstante, puntualiza que solo es aconsejable implantarla "bajo tres condiciones".
Una de ellas es la reducción del IGIC -en una proporción superior a la bajada de solo medio punto que se ha acometido este año-, puesto que el impuesto indirecto autonómico ya lo pagan, "entre otros", los turistas, lo que lo convierte en una suerte de tasa turística. "El día que baje el IGIC al conjunto de la economía y de los canarios puede ser un momento ideal para aplicar una tasa solo a los turistas, que no repercuta en el residente y que en parte compense ese descenso de la recaudación", afirmó.
Un segundo requisito es que los ingresos que se capten con el tributo se destinen a la mejora del propio sector turístico. Finalmente, el consejero del Cabildo entiende que para aplicar la tasa sería necesario esperar a que el Gobierno central relaje las restricciones sobre el gasto de las administraciones, para así poder invertir la recaudación. "No se trata de recaudar por recaudar", señaló.
Bernabé tiene claro que debe ser el Gobierno canario el que instaure la tasa, dado que, en rigor, esta no es tal, sino un impuesto, por lo que no puede ser aprobada por las corporaciones locales. "Lo lógico", apuntó, es que sea el Ejecutivo el que impulse la medida "en una futura legislatura, en todo caso con mayorías distintas y con pactos que están por determinar".
Preguntado por si su propuesta tiene el apoyo del Cabildo, el consejero recordó que el presidente de la institución, Carlos Alonso, ha sugerido aplicar una tasa sobre los coches de alquiler, lo que constituye "una pequeña tasa turística".
Los detractores de la tasa alegan que puede disuadir a los turistas de visitar el Archipiélago, un argumento que Bernabé no comparte. "Lo que se plantea en Baleares equivale a un cortado al día. No creo que eso sea disuasoario, aunque puede ser antipático. Y si un turista no elige un destino porque le cuesta un cortado más al día, tal vez no es el cliente que necesitamos". Aun así, el consejero insular considera oportuno "preguntar al propio cliente" para evitar "improvisaciones" en la puesta en marcha de una medida que, reconoce, "a veces la industria turística no ve con buenos ojos".
La voz discrepante en el debate sobre la tasa turística entre representantes de corporaciones locales celebrado el jueves en el marco del congreso "Paisaje, turismo y sostenibilidad. ¿Invasión o recurso?" fue la del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, para quien un nuevo impuesto puede suponer un "torpedo" a la considerada la principal industria de las Islas.
El establecimiento de la tasa turística, la excesiva burocracia, mejorar la redistribución de los ingresos de la industria, renovar y no ocupar más territorio y proteger aún más los espacios naturales fueron algunos de los ejes entre los que se movieron los representantes institucionales.
"Pasamos de un IGIC del 5% al 7% y ahora al 6,5%. Esos impuestos no se han trasladado en la mejora de servicios y prestaciones. Se ha acumulado dinero en ayuntamientos, porque tenemos techo de gasto. Tengo 162 millones en los bancos que no me dejan gastar", expuso el regidor de la localidad grancanaria. "¿Para qué quiero penalizar al visitante en el territorio si no me lo puedo gastar?", se preguntó a continuación.
Pérez recordó que Las Palmas de Gran Canaria era el lugar de España donde más pieles se vendían. "A un político se le ocurrió penalizar las pieles. Desapareció el negocio. Cuidado con estas cuestiones, porque nos cargamos el sector", advirtió el alcalde de uno de los principales municipios turísticos del Archipiélago.
En cambio, el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, recogió el guante lanzado por el consejero de Turismo del Cabildo tinerfeño, Alberto Bernabé. "Soy partidario, el turista consume servicios, territorio, pero esos fondos deberían ser para los municipios; incluso disponer de la libertad de que cada uno decida si la quiere implantar o no", aseguró Rodríguez Fraga, que insistió en la importancia de que esos recursos se destinen al desarrollo turístico. Según sus cálculos, en Adeje la tasa aportaría unos 15 millones de euros al año.