Las ponencias para consensuar y llevar a pleno parlamentario la nueva ley de Servicios Sociales progresan adecuadamente y, por lo vivido ayer y la impresión generalizada, todo apunta a que podrá abordarse en la primera sesión plenaria del próximo marzo. Esa es la conclusión que extrajeron ayer grupos como CC y ASG, que están convencidas de que no habrá ningún obstáculo excesivo y que, si no con unanimidad, el texto será respaldado por una gran mayoría.

En un carrusel de ponencias que se multiplicarán estas semanas, los partidos avanzaron mucho ayer en un acuerdo muy amplio, según reconocen en CC, Casimiro Curbelo (ASG) o Teresa Cruz Oval, diputada socialista que, eso sí, deja claro que su partido mantiene aún diversas enmiendas claves.

Entre esas condiciones, el PSOE considera imprescindible, sobre todo, que no solo se apruebe una ley que sustituirá a la de 1987, con todos los cambios que se han dado en legislación, avances, hábitos, profesionalización y demandas en este ámbito, sino que se acompañe casi desde el principio de un plan de actuación que la desarrolle.

Según explicó ayer a El Día, Cruz Oval espera que los resultados de la nueva norma se vean lo antes posible y, por eso, considera clave ese plan. Asimismo, pone especial énfasis en que la ley que se apruebe deje muy clara y garantizada la financiación para que los ayuntamientos y cabildos puedan implementar y desarrollar sus competencias sin duplicidades, problemas económicos o de personal.

No obstante, se muestra optimista sobre el consenso final, recalca el esfuerzo que están haciendo las formaciones para lograr el texto más completo y efectivo posible, y espera que, si no por unanimidad en todo, el consenso sí sea muy mayoritario.

Desde CC se optó, de nuevo, por la prudencia y se prefiere que las ponencias sigan sucediéndose y avanzando en el acuerdo definitivo, si bien no se esconde el optimismo sobre que se lleve a pleno y se apruebe a principios marzo. Curbelo (ASG) es más optimista y está convencido de que saldrá por gran mayoría. "Si no, sería un fracaso de todos", subraya.

Por el PP, Josefa Luzardo no es tan optimista, aunque dice que tiene que salir "sí o sí" y pone el acento en que haya una financiación adecuada, en el catálogo de servicios y en aportar el 75% de las subvenciones a las entidades del tercer sector al inicio. Además, lamenta que se haya tenido que "cambiar muchas partes de la etapa de Patricia Hernández" y que, por ejemplo, su partido rompiese el tope de plazo de la PCI.

María Del Río Sánchez (Podemos) cree clave también la ayuda económica a cada municipio y el catálogo. Aunque sabe que existen diferencias, confía en el acuerdo y subraya el "enorme" esfuerzo que están haciendo, aunque lamenta el retraso acumulado.

Los riesgos de dejarla para otra legislatura

Los partidos, en su inmensa mayoría, coinciden en que la nueva ley social, una de las iniciativas legislativas estrellas desde el pacto entre CC y PSOE en 2015, saldrá en el tramo final del mandato. Sin embargo, hasta estas primeras ponencias de enero existían dudas sobre si daría tiempo y, sobre todo, mucho temor por las consecuencias de que se agotara el mandato. Esa incertidumbre parece disiparse, pero la consejera, Cristina valido, no ha parado de avisar del tiempo que se perdería para reactivar la ley en la siguiente legislatura.