Los afiliados a la Seguridad Social en el sector turístico crecieron el año pasado en Canarias un 2,7%, con respecto al ejercicio anterior, hasta un total de 149.744, algo más de 4.000 nuevos, según datos de Turespaña hechos públicos ayer.

En total, el Archipiélago cuenta con 132.751 asalariados y 16.993 autónomos, un colectivo este último cuya subida en Canarias -un 1,3%- lidera el mercado nacional.

El incremento del empleo en el sector turístico se ha producido pese al descenso que ha experimentado la llegada de turistas a las Islas: 391.000 menos hasta noviembre de 2018 en relación al mismo periodo del año anterior.

En España, el número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social en actividades vinculadas al sector turístico aumentó un 4% en 2018, hasta superar los 2,38 millones de personas.

De este total, 1,81 millones correspondieron a asalariados, un 5,9% más; mientras que 478.192 afiliados fueron autónomos, un 0,6% más que durante 2016.

Las patronales hoteleras canarias Ashotel, FEHT, Asolan y Asofuer defendieron ayer su contribución al empleo creado en la Comunidad Autónoma y a la calidad de este. Lo hicieron en un comunicado conjunto en el que criticaron con dureza la proposición no de ley aprobada esta semana en el Parlamento regional por todos los grupos políticos, salvo el PP, sobre la creación e implantación de un sello voluntario de trabajo justo y de calidad en el sector de hostelería y restauración. A su juicio, esta iniciativa es "una ocurrencia preelectoral para ganar cuota de audiencia".

Las organizaciones empresariales valoraron el interés mostrado en resaltar el trabajo bien hecho que llevan a cabo muchos empresarios y empresarias del sector, pero indicaron que "el mejor sello de calidad es el marco legal al que se ha dotado al sector y los organismos que velan por su cumplimiento".

Según las patronales, la proposición, presentada por Podemos a instancias de las Kellys de Fuerteventura, "pone de manifiesto, tanto en la exposición de motivos como en varias de las intervenciones de los grupos durante el pleno, el gran desconocimiento sobre los convenios colectivos de hostelería de ambas provincias". Ashotel, FEHT, Asolan y Asofuer destacaron que estos documentos han sido negociados con los sindicatos y "han permitido en las últimas dos décadas un clima de paz laboral del que no disfrutan otros sectores".

Las patronales entienden que "lo procedente sería detectar a las empresas incumplidoras con la normativa sociolaboral, impidiendo su acceso a cualquier tipo de financiación pública o premio sectorial al que pudiera optar.

"Si tan preocupados están los grupos políticos por la calidad del empleo de los establecimientos turísticos, deberían dar ejemplo con el empleo público: en Sanidad, con la existencia de contratos diarios y semanales para el personal sanitario, y en Educación, despidiendo a profesores interinos en junio y contratándolos de nuevo en septiembre para ahorrarse las vacaciones y las obligaciones sociales, "todas ellas acciones de gran calidad", ironizaron los representantes del sector turístico.

Más de 26.000 empleados de hoteles y apartamentos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife disfrutarán hasta el año 2022 de un incremento salarial del 10,5%, en virtud del convenio colectivo recientemente aprobado que también recoge un crecimiento de las plantillas mínimas fijas de los establecimientos del 60% al 65%, destacaron ayer las patronales turísticas.

Las organizaciones de empresarios del sector recordaron, además, que la externalización de los departamentos de pisos, restaurante y bar, recepción y cocina no está permitida desde hace varios convenios. Asimismo, resaltaron que los comités de Seguridad Laboral y los servicios de Prevención de Riesgos Laborales miden los tiempos de trabajo de cada puesto.

En cuanto a Las Palmas, los salarios han experimentado un aumento del 37,8% desde 2004, mientras que el IPC lo ha hecho el 17,1%. Así, por ejemplo, mientras en 2004 una camarera de pisos de un hotel de 4 estrellas ganaba 14.378 euros brutos al año, hoy gana 20.000, mientras que una limpiadora de cualquier entidad pública gana hoy el salario mínimo (12.600 euros).