El Consejo de Ministros aprobó ayer nuevos impuestos sobre servicios digitales y transacciones financieras, con los que Sánchez quiere recaudar 2.000 millones de euros, que pagarían las tecnológicas, los inversores que compren acciones u obligaciones y -muy probablemente- cualquier empresa que haga negocio con información digital. Los nuevos impuestos son la denominada popularmente "Tasa Google", y la "Tasa Tobin".
La primera se dirige preferentemente a los gigantes tecnológicos, y desarrolla -por primera vez en Europa, y con la oposición de Irlanda y los países nórdicos, que ofrecen exenciones fiscales a los gigantes tecnológicos- una propuesta de la Comisión destinada a lograr que Google, Facebook, Apple, Amazon y otros se vean obligadas a tributar por sus actividades, cosa que ahora evitan por distintos procedimientos. El Gobierno del PP había anunciado la aprobación de ambas tasas antes de sufrir Rajoy la moción de censura que le sacó de Moncloa, y Sánchez había incorporado ambos tributos a su programa electoral. El problema es que España será muy probablemente el primer país en aprobar estos nuevos impuestos, cuyo impacto real sobre la economía doméstica no está del todo claro.
La "Tasa Google" debería centrarse en las cuatro cinco o grandes multinacionales digitales, pero es difícil que pueda excluirse al resto de la multitud de empresas nacionales, de mayor o menor tamaño, que hoy viven del negocio digital y pagan impuestos como todo hijo de vecino. El Gobierno Sánchez propone un tipo impositivo del tres por ciento sobre servicios como la publicidad online, la intermediación en ventas o el comercio de datos proporcionados por el usuario de plataformas digitales. Se pretende recaudar 1.200 millones de euros que pagarán las empresas que facturen internacionalmente más de 750 millones o más de tres millones en España. Con eso se corre el riesgo de que el carácter no probado -experimental por tanto- del impuesto acabe perjudicando el desarrollo de la "conversión digital" del tejido empresarial español, como ha denunciado ya la patronal de la industria digital. Se trata, en cualquier caso, de un riesgo que procede asumir. Con prudencia, flexibilidad y ánimo de corrección en la aplicación del nuevo impuesto, pero evitando la injusticia de una situación que ha convertido a las principales empresas multinacionales del mundo en especialistas en evadir responsabilidades fiscales, algo que no solo perjudica al tesoro público y a los servicios que costea para el conjunto de los ciudadanos, sino también a las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales.
En cuanto a la "Tasa Tobin", se espera que recaude algo más de 800 millones, gravando con un 0,2 por ciento la compraventa de acciones de compañías con valor bursátil superior a los mil millones, estando exentas del impuesto las operaciones de deuda pública o privada, y los derivados financieros. La tasa será pagada a Hacienda por el intermediario financiero, aunque es obvio que al final el impuesto recaerá en el inversor. No parece tan claro el valor económico o social de este impuesto, destinado a financiar -de forma harto escasa, casi ridícula- el déficit crónico de la Seguridad Social y el sistema de pensiones. Al final, es un impuesto que aumenta la recaudación con una subida camuflada del tipo impositivo de trasmisiones patrimoniales, en la actividad financiera. Una subida que repercutirá sobre los ciudadanos, de una u otra manera.