Canarias tiene un grave problema con la formación de su población en paro. Cerca de la mitad de los desempleados de larga duración -los que llevan al menos un año inscritos como demandantes de trabajo- solo disponen de la educación Primaria, un déficit formativo que obliga a buscar soluciones para que estos parados adquieran al menos ciertas competencias básicas que les den acceso a certificados de profesionalidad que les abran las puertas del mercado laboral o que incluso los estimule a volver al camino de la educación reglada.

Los isleños que llevaban en paro un año o más ascendían en diciembre a 113.156. De ellos, 48.051 -el 42,4%- solo pueden acreditar estudios primarios, según los datos del Observatorio Canario de Empleo (Obecan), referidos al pasado diciembre. La suma de este colectivo y de los 53.732 parados que llegaron a completar la Secundaria permite concluir que apenas el 10% de los desempleados de larga duración son titulados universitarios o en Formación Profesional.

Las desventajas formativas son más acusadas entre los hombres que entre las mujeres. En ellos son mayoría los que solo cuentan con estudios primarios (21.107, frente a los 20.578 que tienen Secundaria), mientras que en el colectivo femenino es más voluminoso el grupo de las que terminaron la formación secundaria (33.154, frente a 26.944 que se quedaron en la primaria).

El director del Servicio Canario de Empleo (SCE), Sergio Alonso, advierte de ese "gravísimo problema" con la formación que declaran las personas inscritas como demandantes de trabajo en los servicios públicos de empleo. "El escalón de la Primaria a la Secundaria es básico, porque si no tienen la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) no podemos matricularlos para los certificados de profesionalidad de nivel 2 y 3", que son los que ofrecen más posibilidades de inserción laboral.

Para superar ese hándicap, el SCE desarrolla junto a los ayuntamientos acciones dirigidas a proporcionar a parados de larga duración formación en competencias básicas -matemáticas, lingüísticas, idiomas- durante un periodo de siete meses en el que la compatibilizan con el desarrollo de un trabajo. Finalizado este proceso, se examinan y, si superan la prueba, pueden participar en los cursos de formación para parados. En la subvención que la Consejería de Empleo aporta a los municipios -procedente de los fondos transferidos por el Estado, 8 millones de euros el pasado año- se incluye el salario de los alumnos-trabajadores y el de sus profesores.

"Nos centramos sobre todo en los desempleados de más de 45 años, que están en un bucle: no se forman y por ello no pueden ser competitivos en el mercado de trabajo. Viene cualquier otro que sí tiene los cursos o la ESO y les pasa por delante", explica Alonso.

El director del Servicio Canario de Empleo (SCE), Sergio Alonso, advierte de que la formación no produce réditos inmediatos, sino que es "una inversión a medio plazo". Es necesario adquirir rutina de estudio y herramientas básicas y, como segundo paso, obtener certificados de profesionalidad y quién sabe si después retornar a la educación reglada. "Formarse no es hacer un curso de una semana. Eso es reciclaje", apunta Alonso.

Los formadores que participan en las acciones que desarrolla el SCE "motivan a sus alumnos" a engancharse de nuevo a los estudios que en su momento abandonaron, relata el director del SCE. Así ocurre en los programas de formación en alternancia con el empleo (PFAE), una iniciativa que combinan aprendizaje con el ejercicio temporal de una profesión y que en la última edición -que aún se desarrolla- ha supuesto un desembolso cercano a los 33 millones de euros.

Los 119 proyectos en marcha son pilotados, en su gran mayoría, por las administraciones públicas (83 ayuntamientos y tres cabildos), movilizadas por los agentes de desarrollo local, unos profesionales que también reciben la ayuda económico del Servicio Canario de Empleo.

Las convocatorias de los PFAE -con la excepción de la dedicada de forma específica al programa de garantía juvenil- incluyen un compromiso de inserción por las entidades beneficiadas. Así, algunos de los participantes -tres, cuatro, en ocasiones seis, en el caso de los ayuntamientos que disponen de mayor potencial- trabajan durante seis meses, si es a tiempo completo, o durante doce, si es a tiempo parcial, lo que da acceso a una primera experiencia laboral y a un primer contrato.