Tanto Román Rodríguez como Antonio Morales han negado rotundamente la existencia de cualquier irregularidad en la compra por el Cabildo grancanario de unas fincas en el macizo de Amurga, propiedad de la familia política del presidente de Nueva Canarias, y que fueron adquiridas por el Cabildo grancanario el 28 de diciembre por algo más de dos millones de euros.
Antonio Morales ha defendido la operación y ha dicho que piensa mantenerla, porque -según él- "cumple escrupulosamente con la legalidad". También ha asegurado desconocer que las fincas fueran de la familia de su colega de partido y afirma que tras la denuncia de los grupos de la oposición y los periódicos de Prensa Ibérica que destaparon la liebre, lo que existe es "una burda manipulación". Una declaración de manual, la suya.
Por su parte, Román Rodríguez ha explicado que él no participó jamás en ninguna reunión que tuviera que ver con la venta de las propiedades familiares. Eso es sin duda cierto: la compraventa de los terrenos fue gestionada por un cuñado de Rodríguez, José Victoriano González, que ha representado no solo a la mujer de Román y sus hermanos sino al resto de vendedores, por un total de algo más cuatro millones.
Es extraño que Morales desconociera el vínculo entre González y su cuñado Rodríguez, porque compartió con el primero años de relación casi obligada en la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, en la que el cuñado de Román era interventor. También es extraño que la familia de Román y el resto de los representados por González en la venta de tierras al Cabildo tuvieran ventaja sobre el casi centenar de propietarios que ofertaron sus terrenos a la Bolsa Insular de Fincas Rústicas. Y que el metro cuadrado se haya pagado un 75 por ciento por encima del baremo fijado por el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Y que el informe del Cabildo que avala la compra se hiciera 18 días después de haber aprobado la misma. Eso es sin duda lo más extraño.
Son demasiadas cosas difíciles de explicar, aunque eso no presupone que estemos ante una actuación delictiva. Sí estamos ante un cúmulo de circunstancias que conviene aclarar.
Hace unos días, el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, se vio obligado a cancelar su propuesta de adquirir un edificio de la familia Plasencia, porque la oposición socialista y algunos medios consideraron inadecuado favorecer a un empresario doblemente condenado. Después de algún titubeo, Carlos Alonso decidió suspender la operación. No digo que sea imprescindible hacer lo mismo en este caso, no dispongo de la suficiente información, por eso creo que es imprescindible que la historia de los terrenos de Amurga se aclare. Pero me pregunto qué habrían dicho los socialistas (Ángel Víctor Torres ha defendido la compra) si Carlos Alonso hubiera decidido gastarse dos millones de euros en unas fincas de la mujer de Clavijo y sus cuñados. Sin duda, aún se escucharía el ruido de la carajera.