Las sociedades democráticas suelen avanzar, o deberían hacerlo por su bien, hacia metas beneficiosas y factibles que aseguren el Estado del Bienestar. Pero, desde una perspectiva estrictamente liberal, se ha de hacer poniendo siempre en el centro de cualquier toma de decisión al individuo, al ciudadano, a la persona que ha de tomar sus propias decisiones en libertad; y no, como por desgracia pretende la izquierda, poner al Estado como mero instrumento ideológico para poder controlar y manipular la vida y las haciendas de las personas.
Ahora, más que nunca, el centroderecha español ha de renunciar a los complejos y a la vergüenza de lo que se supone representan, porque es necesario, casi urgente, definir una idea de país; tener claro los principios, la historia, las ideas y los valores que han llevado a España a ser una gran nación. Hay que confeccionar un relato viable, que transmita confianza y credibilidad y al que, necesariamente, hay que serle fiel; no se pueden traicionar los principios: hay que hacer lo que se promete; aunque esas promesas sean dichas en campaña electoral. Y, llegados al poder, es necesario dar sentido a ese poder y no sólo administrarlo.
Es necesario que los líderes del centro-derecha español aborden, urgentemente, una reestructuración ideológica que pase por definir sus propias ideas sobre cuestiones tan básicas como hacia dónde vamos, qué somos o qué queremos hacer con nuestro futuro colectivo. Es necesario plantear con consistencia un nuevo desafío social que aúne a los españoles en torno a un proyecto esperanzador. Es necesario volver a soñar. No es posible seguir soportando una España llena de insignificantes reinos de taifas, de pequeñas castas cerradas que, además, pretenden imponer al resto de la sociedad el relato -la mayoría de las veces inventado-, de su propio victimismo histórico.
Nuestra sociedad tiene hoy en día planteados diversos retos de solución inaplazable, que se basan, principalmente, en unificar criterios acerca de la educación, la sanidad, la justicia, la inmigración y la seguridad. En España es necesario que todos los ciudadanos disfruten de los mismos derechos y sean libres e iguales, independientemente del lugar donde se resida. Por tanto, es necesario que exista una política nacional al respecto. Unificar criterios acerca de dichas materias es, no solo necesario, sino imprescindible; y si para lograrlo es preciso devolver competencias al Estado, pues que se haga.
El ejemplo más claro lo tenemos en la inmigración donde, necesariamente, se ha de imponer una política nacional, y donde las demás autonomías deben aportar lo que esté en sus manos; pero sin olvidarse de aspectos tan importantes como la seguridad, la integración y la legalidad; es necesario trasmitir, sobre todo hacia fuera, que los derechos sociales y civiles no son gratuitos, sino que se han de ganar con trabajo, con respeto hacia la historia, las costumbres, el idioma y las leyes de la sociedad que los acoge.
Con respecto a la educación, su control estatal es vital, para evitar desvirtuar la conciencia colectiva de nación. No se puede tolerar el desmembramiento histórico, social, lingüístico e incluso geográfico de España para contentar a unos representantes tribales que tan solo pretenden imponer sus criterios cantonales ignorando, cuando no tergiversando o reescribiendo, lo que nos une al conjunto de los españoles. Una política educativa en donde se prime el conocimiento y se valore el saber y la cultura del esfuerzo; y donde se respeten todos aquellos sistemas que tiendan, bajo unas mínimas condiciones, hacia el mejor aprendizaje de nuestros hijos.
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