Los técnicos del Ayuntamiento de Santa Úrsula que comparecieron ayer en la causa judicial contra la exalcaldesa Milagros Pérez León (PP) y el exprimer teniente de alcalde Víctor Hernández Barroso (PSOE), por presunta prevaricación, desmontaron la defensa de los acusados. Tanto la secretaria, como el interventor y el abogado del consistorio en el periodo que se juzga indicaron que, en muchas ocasiones, no se hizo caso a sus advertencias por la forma en la que se estaban llevando a cabo la veintena de contrataciones irregulares.

Dos técnicos incluso aseguraron que les llamó la atención la cantidad de presuntos "enchufes" que se concretaron en el primer año de gobierno PP-PSOE.

El abogado indicó que dijo a la alcaldesa que lo procedente era acudir a la convocatoria de oposiciones con publicidad y libre concurrencia. La respuesta que obtenía es que había poco personal y era necesario seguir prestando servicios. La anterior legislación permitía la contratación para llevar a cabo una determinada actuación hasta que la plaza quedara cubierta. "Nos encontramos con un gobierno que tenía nuevas ideas y yo no podía informar negativamente", afirmó.

El método elegido era primero un acuerdo para servicios concretos y luego una contratación por el sistema de negociado sin publicidad. Lo curioso es que las personas elegidas en ambos casos eran las mismas, lo que no dejó de extrañarle, "pero luego pensaba que de las tres ofertas escogían la mejor".

Dejó claro que como abogado se limitaba a comprobar que se cumplía la legalidad: "Si los interesados presentaban ofertas, había un acta y constaba que la elegida es la mejor propuesta entre un mínimo de tres, entonces no podía hacer nada".

En una ocasión sí mostró sospechas de que se recurría a vías excepcionales para ocupar puestos habituales y así se lo comunicó a los acusados. La respuesta fue que el procedimiento continuara.

La Fiscalía y el abogado de la acusación preguntaron por un matrimonio al que el consistorio requirió sus servicios, pero solo vieron trabajar al marido. Una arquitecta, hija de un miembro del PSOE portuense, fue contratada pese a que su título no estaba homologado.

No menos incisivas fueron las acusaciones por el papel que jugaba el sobrino de un conocido columnista tinerfeño que primero trabajó para el área de la Mujer y luego ejerció como gabinete de prensa a través de una empresa de su tío. El abogado dijo que en alguna que otra ocasión emitió contrainformes, como cuando se planteó que un ingeniero ejerciera como cargo de confianza, pero nunca impuso reparos, porque no era su competencia.

En una línea muy parecida se mostró la secretaria, cuyos informes, según advirtió, eran preceptivos pero no vinculantes. Nunca supo cuáles fueron los servicios que ofreció el periodista, ni vio a la mujer del matrimonio contratado. Advirtió a los dirigentes locales de que en Los Realejos se había producido ya una condena por cesión ilegal de trabajadores a raíz de una situación similar: "Pero en mis informes siempre dejé claro que no podía hacer juicios de valor". Desconoce si el denunciante, Octavio Hernández, fue despedido por motivo político.

Extremo este último sobre el que no tuvo ninguna duda el entonces interventor, quien colaboraba muy estrechamente con el extrabajador y alabó el papel que había desempeñado. En cuanto a las irregularidades de las que fue testigo, aclaró que si el expediente estaba bien informado, "poco podía hacer". También le llamó la atención que quienes eran contratados de forma eventual luego obtenían la plaza por medio de concursos sin publicidad: "Parecía que siempre ganaba la casa. Aquello era como una carrera de caballos, te sorprendía pero si el expediente estaba formalmente bien, poco o nada se podía hacer".