La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha solicitado más colaboración al director general de Biodiversidad y Calidad Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, Francisco Javier Cachón, para el control de la culebra californiana en el archipiélago.

En un encuentro, en el que también participó la viceconsejera del Gobierno canario de Medio Ambiente, Blanca Pérez, junto a representantes del Gobierno de Baleares e investigadores del CSIC, se analizó el avance de los planes de control y erradicación de ofidios invasores que "están poniendo en serio riesgo" la biodiversidad de ambos archipiélagos.

En este sentido, Barreto obtuvo el compromiso por parte del Ministerio de la firma de un convenio de colaboración para impulsar desde el CSIC la investigación de métodos de control biológico que "pongan freno" a la expansión de la especie Lampropeltis getula; mientras tanto el Ejecutivo canario destinará, "de manera inmediata", al CSIC 30.000 euros para iniciar las investigaciones "cuanto antes", según informó el Gobierno canario en nota de prensa.

PLAN ESTRATÉGICO EN GRAN CANARIA

Actualmente el Gobierno de Canarias, en consenso con el Cabildo de Gran Canaria, ha desarrollado un plan estratégico para el control de la Culebra Real de California, que actualmente cuenta con un plan de financiación por un periodo de cuatro años que asciende a 2.257.500 euros, de los que 1.120.000 euros los aporta el Ejecutivo autonómico y 1.137.500 euros la institución insular.

De todos modos, matizó que la partida presupuestaria del Gobierno de Canarias podría ampliarse en función del compromiso que adquiera el Ministerio para financiar trabajos de investigación aplicada que llevaría a cabo el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA-CSIC).

En relación a la financiación del Gobierno de Canarias en dicho Plan, se desglosan en partidas de 280.000 euros para cada una de las cuatro anualidades. Así, en total, Ejecutivo regional y Cabildo de Gran Canaria destinarán 517.500 para la anualidad de 2019 y para los periodos anuales de 2020, 2021 y 2022, partidas de 580.000 euros para cada uno de ellos.

Además, en dicho Plan, el Gobierno de Canarias asume la contratación de dos técnicos de ayuda a la producción (capataces especializados) durante todo el año y 18 operarios durante cuatro meses en el periodo de emergencia, así como se hace cargo de financiar la implementación de un plan específico de comunicación y el desarrollo de un programa formativo en centros de enseñanza.

En relación con ello, inciden en la importancia de dar formación a los agricultores para concienciar sobre el daño "irreparable" que la culebra californiana puede causar al ecosistema.

El Cabildo de Gran Canaria, por su parte, se haría responsable de la contratación de cuatro capataces todo el año y 14 operarios en el periodo de emergencia. Su financiación incluye también actuaciones para promover el uso de perros adiestrados y la mejora en el diseño, fabricación y eficacia de las trampas utilizadas.

Finalmente, el objetivo de este Plan Estratégico para el control de la Culebra Real de California en Canarias tiene cuatro bloques de acciones específicas con las que se pretende abordar la lucha integrada contra esta invasión biológica, tales como son incrementar "de forma significativa" el número de capturas en el medio natural para el control de la expansión de la especie; y evitar la dispersión de la especie y la aparición de nuevos núcleos de población en Gran Canaria, así como la colonización de otras islas del archipiélago (Bioseguridad).

Además de mejorar el conocimiento de todos los aspectos que permitan una mayor eficacia de los métodos de control de la especie y evaluación de los impactos en el medio natural; así como mejorar el grado de conocimiento y sensibilización de la ciudadanía respecto a la problemática de la culebra real de California, y fomentar la participación ciudadana en las actuaciones de control.

Una de las principales preocupaciones planteadas en el proyecto ha sido la necesidad de evitar que el problema presente en diferentes zonas de Gran Canaria se traslade a otros puntos de la isla y a otras islas. Para evitarlo, plantean tres vías posibles de entrada: por el transporte terrestre (en distintas zonas de Gran Canaria), marítimo o aéreo entre islas, mediante ejemplares que viajen como polizones, en vehículos o en contenedores; por el transporte terrestre (en distintas zonas de Gran Canaria), marítimo o aéreo entre islas mediante comercio ilegal, y por escapes desde domicilios de personas que, de manera ilegal, mantienen ejemplares.