En unos meses finales del mandato profundamente intensos, con leyes como la de Servicios Sociales que están exigiendo lo mejor de los distintos grupos políticos, los partidos en el Parlamento de Canarias quieren ser pioneros en España con la aprobación de la primera ley de Niños Robados del país. A priori, todo apunta a que la norma, tramitada por la vía de urgencia y de lectura única, se hará realidad en el pleno de mediados de marzo o, si no, en la última sesión de la legislatura, prevista para finales de ese mes. Sin embargo, uno de los colectivos claves de esta lucha (Sin Identidad) sigue temiendo que pase el mandato sin cerrarse del todo la ponencia y el texto ni vaya a comisión ni a pleno a tiempo, lo que alargaría mucho el proceso al comenzar la nueva legislatura tras la elecciones de mayo.

Por ese motivo, el representante del colectivo, Raúl Rodríguez, pide a las formaciones premura y concreción en el texto definitivo, de manera que entre en el periodo de sesiones abierto y coloque a las Islas a la vanguardia de esta búsqueda, reposición y justicia que reclaman desde hace décadas. Una ley que, según Rodríguez y algunos de los partidos, trata de paliar los vacíos o carencias de la primera de Memoria Histórica aprobada en el Archipiélago, la última región en dar ese paso pero con algunas limitaciones que fueron criticadas por Sin Identidad, como el límite en el año 1978.

El nuevo texto no pone coto de años en la investigación y medidas reparadoras, toda vez que hay constancia de menores robados hasta 2002. Su articulado ha sido enviado al Consejo Consultivo y, en principio, su pronunciamiento puede salir esta misma semana, con lo que luego solo quedarían pequeños matices a introducir por los partidos antes del pleno.

Según subraya Rodríguez, ya han alcanzado un acuerdo con la Universidad de La Laguna para que, una vez se apruebe la ley, pueda comenzar el proceso investigador sobre la marcha.

De salir todo tal y como esperan los colectivos que han impulsado esta norma, Canarias se convertirá en la primera región en disponer de un texto legal (admitido a trámite unánimemente en la Cámara el pasado diciembre) que aborda un problema ni siquiera mencionado en la ley estatal de Memoria Histórica de 2007. Entre otros objetivos, se prevé crear una comisión paritaria entre administraciones y afectados por el Derecho a la Identidad y una unidad especial de Policía para la búsqueda de menores sometidos a desaparición forzada y compraventa de seres humanos, dos delitos de lesa humanidad según la ONU.

Rodríguez recuerda que, quizás por la lejanía, Canarias fue uno de los territorios más afectados por el robo de menores en el franquismo y posteriormente. Frente a las carencias, omisiones o tibiezas de otras normas, con esta quieren solucionar un vacío y cerrar una historia negra del país y la región que achaca, sobre todo, a la falta voluntad política hasta ahora. Además, remarca que lo pretenden hacer con "dignidad y solvencia" tras tantos años esperando, buscando, sufriendo y desconociendo a su verdadera familia.