El Parlamento de Canarias ha solicitado hoy por unanimidad un informe de fiscalización a la Audiencia de Cuentas de Canarias sobre la empresa pública Grecasa desde septiembre de 2016 a julio de 2018, por las pérdidas millonarias en la recaudación ejecutiva de tributos.
Grecasa (Gestión Recaudatoria de Canarias SA) es una empresa pública dependiente de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias encargada de la recaudación de tributos, pero en los años que se van a fiscalizar perdió muchos ingresos ("cientos de millones", según la oposición) al paralizarse la vía ejecutiva por fallos en el cambio de un programa informático a otro.
La fiscalización de Grecasa ha sido promovida por todos los partidos excepto CC y aprobada por unanimidad en la Comisión de Hacienda del Parlamento de Canarias.
José Miguel Ruano, portavoz de CC, ha aclarado que su grupo no ha firmado la petición de fiscalización porque el resto no se lo plantearon, pero no habría tenido inconveniente en suscribirlo y de hecho apoya la propuesta.
Iñaki Lavandera, del PSOE, denunció que la mala dirección de Grecasa y la "concatenación de errores" por parte de la Consejería de Hacienda y la Agencia Tributaria Canaria "llevó a una enorme pérdida de recursos públicos".
Esa situación llegó incluso a poner en riesgo "la imagen fiel" de la cuentas general de la Comunidad Autónoma en 2017, como puso de manifiesto la Audiencia de Cuentas, apuntó.
Según explicó en su día la diputada de NC Esther González, una de las promotoras de esta fiscalización pedida a la Audiencia de Cuentas, el problema en Grecasa surgió en noviembre de 2016, cuando la Agencia Tributaria implantó un nuevo sistema informático en la empresa pública.
Entonces se implantó el Modelo Automatizado de Ingresos (M@gin) para sustituir a la plataforma GRE, que contenía los datos de los deudores.
Pero el traslado de los datos de los deudores de un sistema a otro se hizo mal, de modo que quedó paralizada toda la vía ejecutiva de la recaudación de tributos, tanto para los embargos como para los apremios.
Por este error, se pasó de cobrar 3,2 millones de euros en octubre de 2016 por embargos de cuentas a 78.000 euros un mes más tarde y cero euros a partir de diciembre de 2016 hasta enero de 2018.
La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, alcanzó a reconocer ante el pleno del Parlamento de Canarias "cierta ralentización" en la recaudación ejecutiva y los embargos por parte de Grecasa debido al cambio en el sistema informático.