El Cabildo de Tenerife superó en cinco puntos porcentuales al de Gran Canaria en su ejecución presupuestaria de 2017, según los datos apuntados ayer a EL DÍA desde el área de Hacienda tinerfeña. Mientras la institución grancanaria alcanzó el 86,3% en ese ejercicio, la de Tenerife llegó al 88%, pero la incrementó hasta el 91% con las inversiones que, siendo de ese año, se acabaron de materializar en 2018.

El presupuesto del Cabildo tinerfeño de 2017 alcanzó los 800 millones, ejecutándose poco más de 700, unos cien más que el de Gran Canaria. Además, hay que tener en cuenta que la capacidad ejecutoria se vio frenada por la regla de gasto impuesta por el Gobierno central del PP, ya que, de superarla, la administración tinerfeña se veía obligada en ese 2017 a elaborar un nuevo plan económico y financiero.

De momento, el Cabildo de Tenerife prevé una ejecución del 89,9% del presupuesto de 2018, aunque aún debe confirmarse con el cierre definitivo.

El dato de Gran Canaria lo esgrime el Gobierno regional como ejemplo de su capacidad ejecutoria en comparación con algunas administraciones de las Islas. De hecho, y según el dato avanzado que hizo público la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, el pasado lunes, el Ejecutivo regional ha superado por primera vez los 8.000 millones ejecutados (en concreto, 8.062), con un 94,52% a falta del cierre definitivo, lo que supone 447 millones más que en 2017, ejercicio que se liquidó con un 96,67%.

El Gobierno refuerza así la línea ascendente iniciada desde 2015, con 7.331,39 millones en 2016, 7.876,82 durante 2018 y estos 8.062,06 del año pasado, si bien los porcentajes de ejecución han pasado del 97,49 al 96,67 y al parcial del 94,52. Eso sí, el 96,67% de 2017 situó a las Islas por encima de la media regional (94,22%) y muy alejado del 80,7% de los cabildos, del 82,06 de los ayuntamientos del país y del 76,02 de los consistorios isleños.

Por otro lado, Dávila insistió ayer, en declaraciones a los medios mientras la ministra de Hacienda afrontaba las seis enmiendas a la totalidad a los PGE de 2019, que lo mejor para Canarias es que se prorroguen las cuentas de 2018. Dávila reitera que el proyecto perjudica a las Islas por incumplir parte del REF y Estatuto, por lo que, de darse la prórroga, volverían a aparecer partidas como la del plan de pobreza o el hidráulico.

Asimismo, considera que lo mejor para el país, ante la situación política actual, la debilidad del gobierno y la imposibilidad de un nuevo PGE, es que se convoquen elecciones cuanto antes y se busque mayor estabilidad.

El portavoz económico del PSOE en el Parlamento regional, Iñaki Lavandera, señaló ayer a EL DÍA que el 94,52% de ejecución presupuestaria en 2018, a falta de los datos definitivos, puede esconder, en el fondo, "otro maquillaje" de las cuentas por parte del Gobierno de CC. Según explica, el porcentaje pendiente supone "unos 500 millones de euros no ejecutados", aunque sus temores los centra más en que la capacidad ejecutora en el ámbito de las inversiones apenas alcance el 60% (en 2017, y según los datos oficiales cerrados, fue del 63%), lo que, a su juicio, es un porcentaje "muy bajo, ya que, por lo general, el capítulo 1, el de sueldos, suele cumplirse casi al 100%".

Lavandera teme también que, en los últimos meses, el Ejecutivo haya aumentado el nivel ejecutorio con operaciones de compras de inmuebles, como el cine Royal en Las Palmas (por 17 millones) o un espacio anexo al hospital de La Candelaria para aparcamientos (5,6 millones), que no hayan sido las más rentables. El diputado cree que esas compras, realizadas con premura, suelen ser perjudiciales para las arcas públicas porque, al final, se paga más de lo que se debería (el edificio de Las Palmas se tasó en 14,4 millones, aunque se elevan a 16 por las características de su ubicación: la calle León y Castillo). Aunque aclara que no le parecen mal esas incorporaciones, sí considera que se han usado para "maquillar aún más unos presupuestos que, ya en 2017, no tuvieron superávit, como demuestra la Audiencia de Cuentas".

Además, censura que se renunciase a "600 millones del fallo judicial sobre carreteras y que se pidieran solo 60 de los 200 del nuevo convenio para 2019 precisamente por la falta de capacidad de gestión del Gobierno".