El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, de CC, ha defendido su gestión en el caso de Las Chumberas y ha considerado que la oposición ha utilizado este asunto para hacer una "campaña política” contra el grupo de gobierno en el ayuntamiento lagunero.

Díaz, en declaraciones a Efe, afirma que este asunto está marcado por las singulares características de la urbanización y por la enorme cantidad de trámites entre cuatro administraciones que han aportado recursos económicos.

Tras el acuerdo que alcanzaron el pasado viernes el Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y Ministerio de Fomento, vía Real Decreto, José Alberto Díaz ha afirmado que el consistorio podrá continuar normalmente la primera fase de las actuaciones en Las Chumberas.

Para esta primera fase del proyecto, que espera resolver la situación de 566 personas, el Gobierno central ha aportado 12,6 millones de euros, el Gobierno regional 8,8 millones, el Cabildo insular 2,5 y el Ayuntamiento 1,2.

Díaz ha incidido en que esta partida presupuestaria de 25 millones de euros no es una subvención, sino un convenio entre cuatro administraciones para reponer unas viviendas y que por ley plantea, entre otros aspectos, la creación de una comisión de seguimiento capaz de “tomar acuerdos”.

Por ello, ha negado que el Cabildo de Tenerife le pidiera durante un pleno del mes pasado enero que justificara en qué se han empleado hasta ahora los fondos de los que, ha dicho, todavía dispone.

“Es fácil que la directora insular de Vivienda del Cabildo de Tenerife (Marta Arocha) pregunte dónde está el dinero. Primero, es la que ha puesto mayor problema con el tema de la resolución del caso de Las Chumberas. Y segundo, está haciendo una campaña política: eso es lo que no admito”, ha acusado el alcalde.

Un problema que comenzó en 2011 cuando, tras suscribir el convenio administrativo para reponer los 42 bloques de vivienda, según Díaz, “no se puede hacer nada” hasta 2015.

Ese año, ha relatado, se firmó el convenio de la primera fase del proyecto, el Ayuntamiento recibió el grueso del presupuesto y comenzaron así los trámites para modificar el Plan General de Ordenamiento Urbano porque Las Chumberas estaba entonces fuera de ordenación.

Agrega que en octubre de 2016 el Ayuntamiento consiguió "en tiempo récord” aprobar la modificación del PGOU para incluir a Las Chumberas, y solo entonces, según el regidor, se pudo sacar a concurso la reconstrucción de las 186 viviendas.

Aun así, Díaz ha insistido en que el proyecto previo de demolición es singular porque debe respetar los edificios que no se demuelan en esa primera fase y porque después será necesaria una reubicación, ya que en el espacio de los diez bloques solo irán finalmente tres, según el proyecto seleccionado.

Y además, esto conllevará una reurbanización de calles y líneas de agua o luz previa a la construcción y la finalización del proceso de expropiación de las propiedades, "un trabajo arduo que requiere también de recursos económicos".

Esas expropiaciones, entre otros procesos, podían paralizarse si el Ministerio de Fomento no firmaba antes del 31 de diciembre del año pasado un acuerdo de ampliación de plazos que, según José Alberto Díaz, el propio Ministerio había remitido en junio a tres las administraciones canarias.

“No sé por qué no firmaron. Esta es la causa por la cual yo no pude disponer del dinero que tengo a partir del 31 de diciembre del 2018. Pero lo importante es que ya nos han permitido seguir utilizando los recursos que tenemos para la expropiación. Luego empezaremos la demolición, que también está ya licitado”, ha apostillado el también presidente del comité local de Coalición Canaria en La Laguna.

Preguntado por las quejas de la oposición por no permitir al pleno del Ayuntamiento constituirse como el principal órgano ejecutivo de Muvisa, empresa pública encargada del procedimiento en Las Chumberas, Díaz ha respondido que su gestión “ha sido correcta”.

El alcalde lagunero ha apuntado que la empresa municipal de vivienda dispone de una “estructura de plenario” y de un Consejo de Administración en el que todos los grupos políticos del consistorio están representados.

Para José Alberto Díaz, esa petición de cambio de la oposición pretendía “excluir a Coalición Canaria”, y ha indicado que, visto que la secretaria del pleno “no estaba en disposición” en aquel momento, recurrió al Reglamento Orgánico del Municipio para evitar una votación y crear en su lugar “un informe que ya se ha hecho”.