El pleno del Congreso ha dado luz verde este jueves al proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, impulsado por la ministra de Educación, Isabel Celaá, para acabar con las últimas medidas vigentes del Real Decreto aprobado por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012 para aplicar recortes en educación. Entre ellas, el aumento del horario lectivo del personal docente hasta las 25 horas en Educación Infantil y 20 horas en las restantes enseñanzas.

Además, el Congreso ha rechazado una enmienda del Partido Popular incorporada en el Senado para establecer que los maestros de Primaria tengan 23 horas lectivas y los profesores de Secundaria 18 en toda España, independientemente de la comunidad donde ejerzan. De este modo, la ley aprobada establecerá que los gobiernos autonómicos decidan el horario lectivo de sus docentes, siempre que no se superen las 23 horas semanales.

La enmienda del PP ha sido rechazada por 168 diputados, entre ellos los del PSOE, Unidos Podemos y formaciones nacionalistas como PNV, frente a los 165, donde se encontraban PP y Ciudadanos, que respaldaban su incorporación.

La ley aprobada elimina también la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan elevar más de un 20% las ratios máximas de alumnos por aula, también el plazo de hasta diez días lectivos para sustituir a profesores de baja que estableció el gobierno de Rajoy.

Esta última medida "entrará en vigor en el momento en que la ley sea publicada", aseguró la ministra Celaá el pasado mes de septiembre. Sin embargo, la reducción de la jornada lectiva de los docentes y del ratio por aula tendrán que esperar al curso escolar 2019-2020.

Antes de su tramitación parlamentaria, el borrador del anteproyecto fue presentado a los consejeros autonómicos en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 30 de julio y recibió su apoyo, exceptuando a los del PP, según ha informado el Ministerio de Educación y Formación Profesional. El texto también fue presentado a las organizaciones sindicales de la enseñanza, el 26 de julio, y recibió el informe preceptivo del Consejo Escolar del Estado.

"UNA MEJORA SUSTANTIVA" DE LA EDUCACIÓN

En el debate previo a la votación, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha calificado la ley como "una mejora sustantiva para la educación española", y ha agradecido al profesorado haber soportado durante seis años las medidas aplicadas en 2012 en el Real Decreto de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo.

"Agradezco a los profesores y profesoras su dedicación, porque han soportado durante la crisis unas condiciones muy duras y han conseguido mantener la calidad del sistema", ha recalcado Celaá en el hemiciclo.

"Es de justicia revertir estos recortes porque redundan en la mejora de la educación española y en la mejora de la sociedad", ha añadido la ministra, que considera que la ley aprobada este jueves salda una "deuda" tanto con el profesorado como con las familias del alumnado.

Por su parte, el diputado del PP Santiago Pérez López ha calificado la ley como un texto "falto total de ambición" que demuestra, en su opinión, "el poco esfuerzo que ha hecho el PSOE en educación". En un tono similar, la diputada de Ciudadanos Marta Martín ha criticado la ley por generar "desigualdad y agravios comparativos entre las comunidades autónomas".

"Este proyecto ha sido un quiero y no puedo, como todo lo que ha rodeado a Sánchez", ha dicho Martín desde la tribuna de oradores. Desde Unidos Podemos, que ha apoyado la ley, el diputado Joan Mena también ha criticado el texto porque quedarse corto. "Esta ley es también una metáfora del Gobierno de Sánchez", ha dicho para acusar al Ejecutivo socialista de "acobardarse" ante PP y Cs, y desaprovechar, según Mena, "una oportunidad histórica para avanzar más".

Por su parte, el diputado del PNV Joseba Agirretxea ha defendido el apoyo de su grupo a la ley porque "el Gobierno tenía que darle la vuelta" a las políticas educativas de Mariano Rajoy, que para el parlamentario vasco fueron "un desastre para la educación".