El ministro de Agricultura fue bastante claro con los agricultores canarios durante su visita a las Islas: les instó a reclamar a su propio Gobierno los ocho millones de euros presupuestados en 2018 para subvencionar el riego agrícola en Canarias y que nunca llegaron, a pesar de las reuniones de Ángel Víctor Torres y la delegada Máñez asegurando a los agricultores que sí llegarían. Los mismos ocho millones que la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguraba el martes en el Senado que estaban ya perdidos. Según la ministra, la partida para ayudas al riego agrícola chocaba frontalmente con la Directiva del Agua.

Al haberse prorrogado este año el presupuesto de 2018, ante la incapacidad del Gobierno Sánchez de hacerlo prosperar, y dado que no pudieron resolverse los defectos técnicos de ese apunte presupuestario antes de que las cuentas fueran prorrogadas, la ayuda "había decaído", se había perdido. La ministra intentó poner una tirita sobre sus propias declaraciones en el Senado, al asegurar ayer que su Ministerio es muy sensible con la situación del agua para riego en Canarias y que los agricultores isleños se merecen la solidaridad necesaria para afrontar el desproporcionado coste del agua de riego. Por supuesto, siguió insistiendo en la necesidad de cumplir con la directivas, e imitando el estilo Ábalos -hoy no puede ser, mañana ya se verá- dejó claro que el Gobierno quiere resolver ahora el mismo problema que ayer consideraba completamente irresoluble.

Y hablando del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, volvió también al comportamiento que le ha hecho tan popular en las Islas, al asegurar que no asumirá el pago de los 345 millones que solicita el Gobierno regional a cuenta de la sentencia del Supremo por el incumplimiento del PP en los convenios de carreteras. Dice Ábalos (sí, el ministro que dijo que era imposible resolver la aplicación del 75 por ciento de las subvenciones a la residencia en el tráfico aéreo Canarias-Península) que el Gobierno de Canarias renunció expresamente a recibir los 345 millones al firmar el último convenio de carreteras, y que la deuda ya no puede pagarse porque no está ya reconocida por la Intervención General del Estado. Contestando a la senadora coalicionera María del Mar Julios, Ábalos aseguró que la culpa de todo es del Gobierno regional, que firmó renunciando a esa cantidad de dinero. "Renunciaron en su momento frente al PP. ¿Por qué exigen ahora lo que renunciaron?". Luego explicó que Fomento sigue de todas formas trabajando para arreglarlo.

Parece una consigna: buscar mecanismos para impedir el pago de las deudas contraídas, ya sea por acuerdos con el Gobierno de Mariano Rajoy, por anclaje presupuestario, por formar parte de leyes como el REF o el Estatuto, y explicar que la culpa de que el Gobierno Sánchez no se rasque el bolsillo con Canarias no es del Gobierno Sánchez, sino de la burocracia, del rechazo del presupuesto 2019 o responsabilidad del propio Gobierno de Canarias, que renunció voluntariamente a cobrar sus 345 millones. Muy fuerte. Están convencidos de que a la gente aquí nos falta un agua. Será de riego.