La "mayoría" de los motoristas de la Policía Local de La Laguna han firmado un informe en el que ponen en conocimiento de la subcomisaria jefe su decisión de no utilizar más estos vehículos hasta que se resuelvan los problemas de seguridad que aseguran que presentan. Así lo recoge un comunicado de la Asociación Sindical Independiente de Policías de las Administraciones Locales de Canarias (Asipal), tras el que el concejal de Seguridad Ciudadana, Jonathan Domínguez, expresó que esos agentes "son responsables de sus posiciones" y que "desde la Jefatura se tendrá que elevar alguna propuesta al respecto", al tiempo que sostuvo que hay actualmente quince vehículos operativos y con "todas las obligaciones técnicas exigidas para certificar su seguridad".

El sindicato recordó que en agosto del pasado año denunció públicamente el mal estado de estos vehículos. "Deficiencias en frenos, claxon, barras de dirección, neumáticos, así como nulo mantenimiento eran algunas de las causas que los propios motoristas de la Policía comunicaban a esta formación sindical", apuntó el colectivo. "Tal era el lamentable estado de las motocicletas policiales que en muchos casos no garantizaban la seguridad del agente motorista, con grave riesgo para su vida o integridad física", afirmó.

Asipal criticó el trato del ayuntamiento a la Unidad Operativa, "donde se encuentran adscritos todos los funcionarios motoristas", así como el estado del parque móvil policial. "En concreto, las ocho nuevas motocicletas que se adquirieron a principios del año pasado y que fueron destinadas a la Unidad de Refuerzo al Servicio e Intervención (URSI) se encuentran prácticamente paradas, sin uso, ya que dicha unidad en la actualidad solo está compuesta por doce agentes repartidos en diferentes turnos", sostuvo la central sindical, antes de añadir que cada una de ellas ha registrado 500 kilómetros de media anual, "lo que puede llegar a hacer una motocicleta destinada a la Unidad Operativa en menos de diez días".

Preguntado por este periódico, Domínguez consideró que, teniendo en cuenta su número, el problema no se soluciona quitándole a la URSI las motos asignadas. También mantuvo que este año ya se han invertido algo más de 19.000 euros para poner a punto las motocicletas, "una vez que se ha podido aplicar el contrato de mantenimiento". "Hemos ido adquiriendo los vehículos del Plan Renove según las prioridades que se han ido detectado cada año y se han planteado desde la policía, priorizando las necesidades", defendió el edil.

"En 2015 se adquirieron nueve patrullas, que era lo más urgente. Después comenzamos a completar los vehículos de las especialidades, que son los más caros, y por eso nos centramos en ello: el camión de Logística, el furgón de Atestados, el vehículo de la Canina y los de Protección Civil, que también están en este plan. Ahora se está tramitando una nueva compra centralizada de nueve motocicletas más para el Operativo, cuya petición se trasmitió a la concejalía cuando llegaron las de la URSI, hace menos de un año", argumentó, antes de citar los trámites para otro vehículo del radar, patrulleros y motos eléctricas.

"Los trámites reglados administrativos son más lentos de lo que quisiéramos, y por eso pido un poco de paciencia; no me puedo saltar la ley de contratos y comprar los vehículos como si fuera para un particular, cuando quiera y pueda", apostilló.