El Congreso dio ayer el primer paso para la equiparación de las compensaciones a Baleares por el hecho insular, como las que ya recibe Canarias por esa misma condición y su ultraperificidad. La Cámara convalidó por amplia mayoría (306 votos a favor) el decreto de Régimen Especial para las Islas Baleares (REB) que aprobó el pasado viernes el Consejo de Ministros y pone en marcha los mecanismos para que el archipiélago mediterráneo pueda recibir ayudas e inversiones específicas por parte del Estado. La diputada de CC, Ana Oramas, fue la única que se atrevió a poner el acento en la improbabilidad de que muchas de las medidas contenidas en el REB vayan a ser autorizadas por Bruselas al chocar con las políticas comunitarias de armonización fiscal. Para evitar las dudas en la UE el Govern balear ya ha hecho los deberes. Ayer aprobó un documento que enviará en breve a Bruselas en el que reclama la flexibilización de las normas comunitarias para acceder a ayudas y medidas de financiación que ahora le están vetadas.

El Ejecutivo balear, cuya presidenta, la socialista Francina Armengol, presenció el debate desde la tribuna de invitados, plantea en ese documento, entre otras cosas, introducir cambios en la política de cohesión de la UE para el periodo 2021-2027 y que tengan carácter subvencionable las inversiones relacionadas con las infraestructuras de accesibilidad y transporte, así como considerar la creación de una especie de grupo de ''regiones insulares europeas no ultraperiféricas'' -con Córcega, Cerdeña, Malta, Sicilia, o cualquiera de las griegas- para acceder a determinadas políticas vinculadas a las desventajas estructurales de estos territorios.

Ayer todos los grupos apoyaron la convalidación salvo Cs (31 votos) y CC (un voto). En la defensa del decreto, la ministra de Política Territorial, Maritxell Batet, que fue quien finalmente intervino por parte del Gobierno central en lugar de la ministra de Hacienda, María Jesús Batet, enfatizó sobre el "contenido proporcional y adecuado" del nuevo REB respecto de los desequilibrios que pretende combatir, pero evitó cualquier mención a los posibles efectos de la equiparación con Canarias pese a la situación geográfica y social tan diferente de ambas comunidades autónomas. Tampoco abordó el debate sobre la posible vulneración de preceptos importantes de los tratados de la UE que conlleva la puesta en marcha de algunas de las medidas contenidas en el texto, algo que, de facto, evitaron por su parte la mayoría de los portavoces parlamentarios.

Ese debate apenas apareció en el hemiciclo. Batet se limitó a desgranar las medidas contenidas en el decreto sobre las ayudas a los sectores de la energía y el transporte, así como un factor de insularidad en materia de inversiones estatales a través de los Presupuestos de cada año. Aseguró que estas inversiones se concretan en la creación de una asignación específica para Baleares en las cuentas estatales a través del concepto de "factor de insularidad", que "corregirá los desequilibrios inherentes a la discontinuidad territorial". Para su dotación se tendrá en cuenta el nivel de inversión media anual del Estado en el conjunto del país (como en el caso de Canarias) y la asignación servirá para financiar actuaciones en ámbitos especialmente afectados por la insularidad. "El nuevo REB resuelve una demanda y unos trabajos que duraban demasiado años sin alcanzar su finalidad", en referencia al régimen que esa comunidad llevaba años negociando con el Estado.

La diputada de CC, Ana Oramas, que el día antes había anunciado que votaría en contra de la convalidación, atemperó su posición en el debate pero manteniendo el mismo discurso muy crítico con el Gobierno tanto en la forma como en el fondo. "No vamos a ser cómplices de lo que consideramos un engaño al pueblo balear. Canarias siempre ha trabajado codo con codo con Baleares para que los gobiernos de España compensen el hecho insular, pero se ha creado un expectativa falsa", afirmó Oramas. Tras explicar las diferencias geográficas (lejanía) y sociales (paro) entre ambos archipiélagos y las razones que justificarían un distinto nivel de compensación por parte del Estado, Oramas advirtió claramente que eso "lo tendrá muy en cuenta Bruselas" a la hora de evaluar el régimen balear.

"Canarias es una RUP, se reconoce en el Tratado de la UE, implica lejanía e insularidad y cada ayuda de Estado, cada medida fiscal ha tenido que negociarse durante más de ocho años una a una con Bruselas. No se pudo tramitar el REF hasta que no se contó con la autorización de Bruselas", afirmó antes de señalar que "Baleares no cumple ninguna de las condiciones que se exigen para tener una sistema fiscal propio". Según ella, las medidas fiscales anunciadas para ese proyecto de ley pendiente de remitir al Congreso son un canto al sol, un engaño en campaña electoral de Sánchez.