El Gobierno acaba de anunciar un decreto ley con un régimen económico fiscal para Baleares.
Nada que objetar para que esa región insular pueda disponer de una refundición de las medidas preestablecidas en un solo documento, aunque parece que denominarlo régimen económico fiscal y que se amplíe con la copia de incentivos específicos de la condición RUP de Canarias en esas islas, se considera algo más que desacertada.
El Régimen Económico y Fiscal de Canarias no es una dádiva oportunista a una condición indefinida, sino el reconocimiento europeo a un conjunto de zonas especiales, con la denominación de ultraperiféricas, que conllevan, en sí mismas, un compendio de ayudas y bonificaciones con el máximo rango en la intensidad de ayudas europea.
Para ello hemos tenido que pasar rigurosos controles previos por parte de la Comisión Europea desde nuestra integración, que siempre hemos superado con éxito, y que se miden continuamente para comprobar sus resultados e idoneidad, sobre todo en ayudas al funcionamiento.
Así y todo, hay comparaciones que no se sostienen. Si comparamos Baleares con Canarias, ellos tienen un millón doscientos mil habitantes, un PIB de 30.000 millones de euros y una tasa de paro del 11,7%, mientras que Canarias, con dos millones doscientos mil habitantes tienen un PIB de 45.000 millones de euros y una tasa de paro del 20%.
Si queremos afinar más, cada habitante balear tiene un PIB per cápita de 26.287 euros, mientras que Canarias solo tiene 20.573 euros per cápita.
Para entenderlo, miremos a Luxemburgo, por ejemplo, donde tienen un PIB algo mayor que el nuestro (55.300 millones de euros), pero tiene un PIB per cápita de 92.600 euros, por lo que a nadie se le ocurriría compensar a su economía, pues es uno de los países más ricos del mundo, ni a Luxemburgo se le ocurriría pedirlo.
Aquí entra en juego la proporcionalidad de los incentivos y necesidad de velar por Canarias cada día, en cada momento, en cada reparto de inversiones, en cada negociación, pues el fuero canario no se improvisa, ni se entrega.
Esa es nuestra labor. Convencer a nuestros socios de nuestra condición y vigilar que esas palabras y convenios se apliquen rigurosamente para que las familias y empresas canarias tengan las mismas oportunidades que las similares europeas.
Y si cada región tiene unas demandas que compensar, que las defienda, pero sin copiar lo bueno que hemos conseguido y nos deje el problema del paro o de la menor riqueza a los canarios, pues en el fuero de las autonomías, lo conseguido es la base de la próxima negociación.
Porque si se suben las inversiones en todo el país, y se intensifican las bonificaciones fiscales, entonces bajaría el diferencial entre ellas y las canarias y tendríamos que renegociar e incrementar todo el paquete del REF.
Algo que, si no lo hiciéramos, nos devolvería a ser ciudadanos de segunda, echando por tierra todo lo que nos ha costado conseguirlo hasta ahora.
*Vicepresidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria