Hay pocas cosas que duelan más a un jubilado que ir a rescatar un fondo de pensiones y descubrir que el Estado lo cruje a impuestos y que una inversión con escasa rentabilidad, suscrita a través de los años, puede, incluso, convertirse en deficitaria, porque el impuesto no se aplica al beneficio producido por la inversión, sino al conjunto del capital que se retira. El Estado encontró en fondos de pensiones e inversiones un extraordinario sistema para recaudar. Y lo aplica a rajatabla.

Ahora, Pablo Casado ha prometido que el PP "garantizará el blindaje fiscal del ahorro para la jubilación". No está demasiado claro que es eso del ''blindaje fiscal'', pero parece que lo que el presidente del PP quiere decirnos es que los jubilados estarán exentos de fiscalidad en la recuperación de sus planes de pensiones, o en cualquier inversión que realicen con fines de ahorro, ya sea un crédito hipotecario vía cuenta vivienda, la compra de acciones, o la participación en fondos de inversión o depósitos. En la práctica, lo que parece que dice Casado es que los jubilados no pagarán impuestos por sus capitales y sus propiedades, pero no es eso lo que dice. Lo que de verdad dice es que no pagarán al fisco por rescatar el dinero que hayan ahorrado, que no es lo mismo.

Lo peliagudo del asunto es que incluso eso que dice es un disparate, si no lo acompaña de una explicación del impacto económico que supondrá no gravar el rescate de planes de pensiones, fondos de inversión, depósitos o vender propiedades compradas por medio de ahorros. Y cómo se hará frente a eso, en un país que ya acumula una deuda estratosférica y es incapaz de cumplir con el compromiso de déficit contraído con Europa. Este año, entre la subida de las pensiones y la de los salarios de los funcionarios, el déficit se ha disparado, sin que a nadie parezca importarle que la deuda acabe por comerse el bienestar de nuestros hijos y nietos.

Casado se ha instalado sin ningún reparo en la ocurrencia y las promesas incumplibles. Critica a Sánchez por utilizar los últimos estertores de su Gobierno para sacar por decreto ley medidas propagandísticas que no va a poder cumplir, pero él hace exactamente lo mismo: actuar como si la gente -en este caso los jubilados y pensionistas- fueran idiotas. La política no puede seguir siendo un continuo ir y venir de falsedades con formato de promesas. La política está creando un país de ciudadanos crédulos primero y luego indignados, que esperan que el Estado sea magnánimo e infalible como la Providencia. La política solo promete un catálogo de derechos, servicios y canonjías.

Más que prometernos más exenciones, más y mejores servicios y menos impuestos, todo a cambio de nada, Casado y todos los demás vendedores de humo podrían decirnos en esta campaña cómo va a afrontar el Estado el colapso de los dos grandes sistemas del bienestar, la Sanidad pública y las pensiones, que se ve venir a pasos agigantados. Que no crujan a impuestos a quienes tuvieron la prevención de hacerse un plan de pensiones privado, está muy bien. Pero para los millones de pensionistas que no pudieron plantearse esa opción, lo importante es saber si van a seguir cobrando la jubilación los próximos años. Y cómo vamos a pagarla.