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Querella de la Físcalía contra Miguel Á. Ramírez por "despatrimonializar" Seguridad Integral

Les imputan delitos de insolvencia punible y contra los derechos de los trabajadores
Las Palmas de Gran Canaria, Europa Press
14/mar/19 19:28 PM
eldia.es
Miguel Ángel Ramírez en una imagen de 2018./EFE

Las Palmas de Gran Canaria, Europa Press El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía contra el empresario y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, por delitos de insolvencia punible y contra los derechos de los trabajadores en relación con la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), de la que actualmente es administrador Héctor de Armas, también incluido en este procedimiento.

La magistrada Ana Isabel de Vega Serrano decretó la incoación de diligencias previas contra los acusados de "despatrimonializar" la compañía de seguridad, dándose el correspondiente parte de incoación al Ministerio Fiscal, en un auto fechado el pasado 15 de febrero.

Según el Ministerio Fiscal, para no atender al pago de varias deudas contraídas con la Seguridad Social, "se han realizado una serie de acciones por parte de Miguel Ángel Ramírez y las personas que ha utilizado como meros detentadores de sus participaciones sociales en distintas empresas, por él creadas y bajo su superior supervisión, para lograr desviar los fondos y bienes de SIC a estas otras empresas, y así poder justificar una situación de insolvencia, y la presentación de declaración de proceso concursal que el Juzgado de lo Mercantil N° 2 con fecha 3 de enero de 2018, acordó".

La empresa informó el pasado junio de 2018 la presunta venta de acciones de Ramírez en Seguridad Integral Canaria a De Armas, que había sido admministrador único desde 2011. En ese mismo comunicado, además, aseguraban haber llevado a cabo una "muestra de transparencia con los representantes de los trabajadores".

La Fiscalía, continúa, resalta también la "venta de acciones de la que era titular SIC en la Unión Deportiva (UD) de las Palmas, de las que se acordó su embargo con fecha 9 de noviembre de 2017, el cual no pudo llevarse a efecto, al haberse vendido las acciones por SIC a Miguel Ángel Ramírez".

"VENTA EN FRAUDE" DE ACCIONES DE LA UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS

La querella relata que "tal venta se hizo en fraude, argumentándose una serie de cuestiones, así la misma se hizo por importe del valor nominal de cada acción, pese a que el valor real de las mismas era superior, teniendo en cuenta el balance de la UD, el cual arroja un saldo superior, que determina el valor mayor de las acciones".

"Así mismo para fundamentar aún mas el negocio ficticio empleado para evitar el embargo, se señala que pese a esa venta SIC, no percibió dinero alguno como contraprestación, y para ello se intenta justificar un crédito a favor de Miguel Ángel Ramírez con SIC, de algo mas de 200.000 euros que había prestado a la tesorería de la sociedad", relata el documento.

"DESPATRIMONIALIZAR" SEGURIDAD INTEGRAL CANARIA

Con estos y más detalles, la Fiscalía concluye que los acusados --donde también aparecen los nombres de Alicia Rosa Pérez Sánchez, Jacobo López Redondo, Margarita Robayna Curbelo, Manuel Hernández Ramírez, Jorge Hernández Ramírez, Antonio Redondo Álvarez y Jesús Miguel Acosta Ramos-- protagonizaron un comportamiento con el objetivo de "despatrímonializar SIC".