La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Santa Cruz de La Palma, Rebeca Callejas, mantiene abierto un procedimiento judicial donde investiga el supuesto acoso a un agente de la Policía Local y en el que estudia qué ocurrió con la desaparición de 161 multas de tráfico en el ayuntamiento de la capital, con el alcalde, el socialista Sergio Matos, y el exresponsable del Cuerpo, Eduardo Pérez, bajo la condición de investigados (antiguamente, imputados).

El extravío de las denuncias emitidas por agentes municipales tuvo un amplio recorrido mediático entre 2016 y 2017, justo hasta que el fiscal que analizaba el caso certificó que las 161 sanciones de tráfico fueron enviadas a la Alcaldía desde el Negociado de Multas y no se devolvieron, pero zanjó el tema afirmando que todo se trataba de una "deficiente gestión en la tramitación" sin que viera ningún culpable de los hechos.

De cara a la opinión pública, el litigio quedó cerrado aunque con la duda más que razonable de lo que realmente pudo pasar con estas denuncias, cuya incoación se habría llevado a cabo en el lapso temporal comprendido entre el 30 de enero de 2011 y el 12 de diciembre de 2013, con Sergio Matos de regidor municipal.

Sin embargo, el policía denunciante por supuesto acoso encauzó su denuncia y con la presencia de un nuevo fiscal y la actuación de la jueza, el caso tomó un giro seguramente inesperado sin que en ningún momento fuera de conocimiento público. El sigilo ha sido durante los últimos meses la nota predominante de denunciante y denunciados.

Según la documentación a la que ha accedido esta redacción, la juez, dentro del procedimiento por acoso, se dirigió en diciembre de 2018 al ayuntamiento, en concreto el día 11 de diciembre, para que aportara una relación de denuncias concretas, además de "toda la documentación relativa a la Comisión de Investigación formada en relación con la denuncia presentada por 13 agentes de la Policía Local, respecto a las irregularidades en la tramitación de las multas y la resolución alcanzada por dicha comisión; y la relación de denuncias (multas) de los agentes denunciantes", según se recoge de forma textual en el auto firmado por Rebeca Callejas.

Además, en el mismo auto, y ante las diligencias de prueba de la acusación, la jueza decide citar como testigos a cuatro agentes de la Policía Local y al ex alcalde, Juanjo Cabrera, declaraciones que se han retrasado en el tiempo hasta motivar incluso que la acusación presentara recientemente un documento solicitando que se practicaran las testificales.

Ante el volumen de documentación por analizar, las testificaciones previstas y las líneas de investigación abiertas, el Ministerio Fiscal elevó un escrito ante la juez para declarar la instrucción compleja, lo que se produce cuando por circunstancias sobrevenidas a la investigación, esta no pudiera razonablemente completarse en el tiempo programado, que inicialmente era de medio año. Callejas atendió la petición, fijando en 18 meses la fase de tramitación, sin que ninguna de las parte se opusiera a su decisión.

Este nuevo plazo quedaría interrumpido en caso de acordarse el secreto de las actuaciones o el sobreseimiento provisional de la causa.

Hay que hacer hincapié en que tanto el alcalde, cuya declaración se aplazó en el día que estaba prevista, como el antaño jefe de la Policía Local están investigados, lo que significa que no tienen por qué ser culpables de los hechos que se les imputa. Bajo esta condición se permite que estas personas estén protegidas por un derecho de defensa que de otra forma no tendrían. Por ahora, para ser exactos, se les imputan un presunto hecho delictivo que es el objeto de la investigación judicial, para ver si objetivamente hay base suficiente para sostener una acusación futura.

La jueza, una vez analizada todas las pruebas, decidirá el archivo de la causa o, por el contrario, encausar a los investigados, al entender que existen indicios suficientes para ser enjuiciados.