La comisión de Política Territorial del Parlamento de Canarias aprobó ayer, con los votos a favor de CC, PP y ASG, la modificación de la Ley de Islas Verdes en su apartado de actividad turística, cambio que relaja las exigencias para utilizar el suelo rústico de protección agrícola y ambiental con el fin de lograr ingresos complementarios turísticos. El portavoz de CC, Antonio Castro, trató de acordar enmiendas in voce con el resto de grupos en pro de un mayor consenso, entre las que se incluye la imposibilidad de crear hoteles rurales de 200 camas de nueva planta, permitiéndolo en el caso de las viviendas nuevas, pero el PSOE, Podemos y NC rechazan de plano esa posibilidad, aunque aceptaron que las enmiendas pasasen al pleno en el que se aprobarán, de forma definitiva, todos los cambios.
En busca de ese mayor acuerdo respecto a una norma que la oposición censura que se haya tramitado a toda prisa, con una única ponencia y la comisión, Castro pidió un receso al inicio de la sesión que se prolongó 40 minutos y que, sin embargo, dejó a los partidos divididos en dos bloques: CC, PP y ASG a favor de la nueva ley y los otros, en contra.
Castro considera que la ley no se puede poner bajo sospecha de antemano y dar por hecho que será mala. Volvió a recalcar que el Constitucional ha avalado el texto principal y que lo que se intenta es derogar la de 2002 que, si bien "nace con buenas intenciones, no se ha podido desarrollar y no hay ni una sola actuación, aparte de que La Palma tampoco tiene Plan de Ordenación Territorial".
Según recalcó, fue la ley de Directrices la que impidió el desarrollo de estas islas y esta norma modificada no se impondrá al planeamiento futuro, aunque sí aboga por modificaciones rápidas. Cree comprensible que el Consejo Consultivo la considere una ley compleja "porque es novedosa y porque trata de hacer un texto unificado de los 9 cambios previos", pero recalca que se han tenido en cuenta sus recomendaciones. Frente a la oposición, subraya que lo que permitirá es que se recuperen terrenos agrícolas abandonados y edificaciones que afean el medio, ya que solo así se posibilitarán los usos turísticos.
Asimismo, y aunque se mostró abierto a estudiar las distancias en superficies mínimas, subrayó que ese límite es ilegal en el resto de planes insulares si se atiende a la normativa europea, "aunque nadie los recurra". También recalcó que, con sus enmiendas, los hoteles de hasta 200 camas no estarán en un uso ordinario de suelo rústico. Además, rechaza que se pueda ampliar la superficie de inmuebles existentes.
En un sentido similar se pronunció Lorena Hernández (PP), quien subraya que lo que buscan es conservar las características de estas Islas haciéndolo compatible con un desarrollo que haga que los jóvenes no emigren, criticando a los grupos críticos que no aporten alternativas y deseando que nunca gobiernen. Jesús Ramos (ASG) cree imprescindibles los cambios, aunque insistió también en la protección y planteó la enmienda de las distancias y superficies mínimas, que se analizará, con otras, en el último pleno del mandato.
Por el PSOE, Nayra Alemán fue muy crítica con el escaso tiempo de debate y búsqueda de consenso para esta ley y subrayó que sus propuestas de desarrollo para estas Islas siguen las recomendaciones del área de Planificación del Cabildo de La Palma. No obstante, considera muy alarmante y "desarrollista" el texto acordado por CC, PP y ASG y, más allá de las nuevas enmiendas y que se pueda suavizar el resultado final, cree que se desregula casi por completo la actividad turística y se pervierte el uso ordinario del suelo rústico y de protección agrícola y paisajística, aunque se le apoye su enmienda al artículo 10.
Sus argumentos fueron muy similares a los de Manuel Marrero (Podemos) y Luis Campos, quienes se respaldaron mutuamente sus enmiendas, aunque fueron rechazadas por la mayoría de los partidos a favor del cambio.