El Parlamento no las tiene todas consigo ante la posibilidad de introducir los trenes en el Archipiélago. La primera institución de la Comunidad Autónoma duda de la conveniencia de destinar cerca de 4.000 millones de euros para construir una infraestructura ferroviaria que tal vez no tenga justificación. No al menos desde un punto de vista del coste-beneficio. Es decir, los diputados temen que semejante desembolso no contribuya a solucionar los problemas de movilidad que sufren las dos islas capitalinas en la medida en que sería necesario para que la inversión fuera social y económicamente rentable.

El pleno de la Cámara regional aprobó ayer por unanimidad el dictamen de la comisión encargada de analizar el sistema de transporte en la Comunidad Autónoma. Un dictamen que concluye que Canarias no puede esperar más para contar con una ley de movilidad sostenible. "Sostenible, universal, saludable, competitiva, ecológica y segura", subrayó el parlamentario del PSOE Iñaki Lavandera, que fue el encargado de presidir la comisión de estudio. La idea y el encargo para la próxima legislatura es sacar adelante esa ley que ponga los cimientos del futuro modelo de transporte, un modelo en el que los trenes en Tenerife y Gran Canaria no tienen garantizada su presencia.

Lo cierto es que el dictamen, que se nutre de las aportaciones de 18 expertos, no cierra totalmente las puertas a la posibilidad de que finalmente llegue el ferrocarril a Canarias, si bien sus conclusiones están lejos de considerar los trenes como la solución final a los problemas de movilidad.

No en vano serían necesarios 3.800 millones para construir las infraestructuras para los trenes de Tenerife y Gran Canaria, islas en las que dirigentes como Ricardo Melchior o ahora Carlos Alonso -en el caso de Tenerife- o Román Rodríguez -en el de Gran Canaria- vienen defendiendo las bondades del ferrocarril. Rodríguez, como vicepresidente insular, fue quien anunció en 2009 que el Archipiélago entraba en el plan ferroviario estatal. De hecho ya se ha gastado dinero público para la redacción de los proyectos de ambas islas capitalinas. El Parlamento entiende, no obstante, que antes de seguir desembolsando recursos públicos hace falta volver a analizar los pormenores. Un análisis "riguroso", ya que "las inversiones a comprometer son muy importantes", reza el dictamen de la comisión, al que ha tenido acceso este diario.

El documento expone que en realidad son tres los proyectos ferroviarios: el del tren de Gran Canaria y los de los dos trenes de Tenerife, uno para la comarca norte y otro para la comarca sur. Los proyectos están "en distinto grado de avance" y el dictamen se centra precisamente en los dos que sobre el papel llevan la delantera: el de Gran Canaria y el del sur de Tenerife. En el primer caso, el ferrocarril cubriría un trayecto de unos 50 kilómetros entre la capital insular y la localidad de Maspalomas. Habría diez paradas y los ciudadanos grancanarios podrían hacer todo el recorrido en apenas media hora. Sobre el papel no hay, por tanto, aspectos negativos. Sin embargo, la inversión necesaria se calcula en 1.600 millones de euros, un montante de tanta magnitud que "aconseja realizar un análisis coste-beneficio para ratificar que es la mejor opción posible para la consecución de un sistema de transporte eficiente". Y la misma conclusión vale para el tren del sur de Tenerife, que cubriría 80 kilómetros entre Santa Cruz y Adeje en solo 45 minutos. Habría siete paradas y tendría una frecuencia de paso de 15 minutos. La factura que habría que pagar, 2.200 millones en este caso, justifica la cautela y las dudas del Parlamento.

El dictamen de la comisión habla, ya en general, de un problema "cultural" en el transporte público. "No se ha llevado a cabo una adecuada concienciación del uso de los medios públicos", concluye.