"El documento PEP noviembre de 2018, remitido por la Gerencia de Urbanismo con fecha 16 de enero de 2019, ha dado cumplimiento a los diferentes condicionantes que afectan a los criterios técnicos vinculados con el patrimonio histórico, por lo que se propone informar en sentido favorable". Esa es la conclusión del informe que el área de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife ha emitido sobre el controvertido Plan Especial de El Toscal, y que ayer recibió el Ayuntamiento de Santa Cruz.

Aunque con tres condicionantes, a los que el concejal de Urbanismo de la capital, Carlos Tarife, restó importancia, el documento da por buenos, esta vez sí, los cambios introducidos por el ayuntamiento derivados de la estimación de las alegaciones presentadas durante el periodo de información al público; de los cambios de la subsanación de los reparos señalados en los informes sectoriales -alrededor de treinta-; de la modificación derivada de la corrección de errores materiales; y de la adaptación del PEP a la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Los condicionantes citados tiene que ver con los nuevos convenios que se firmen de las actuaciones urbanísticas aisladas AUA-1 y AUA-14, con la finalización del inventario del documento de información del PEP y con un error del artículo 6 de la normativa del PEP sobre "Definiciones" referentes al "Plan Director de Espacios Públicos".

"Es un avance histórico en patrimonio", enfatizó Carlos Tarife, quien recordó que el expediente del Plan Especial de El Toscal se abrió en la Gerencia de Urbanismo en el año 2008.

En todo caso, este no es el último trámite que debe superar el documento de ordenación de El Toscal. Ahora falta que se pronuncie, por un lado, la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y, por otro, el Gobierno de Canarias. Sobre la primera administración, Tarife se mostró ayer "seguro" de que informará a favor del documento "porque hemos corregido lo que nos pidió". Con respecto a la segunda, el edil de la capital dijo que "confía" también en que emita un informe favorable.

No obstante, cabe recordar que el Ejecutivo canario ya se pronunció el año pasado en contra del PEP de El Toscal, al entender que la tramitación que se había seguido no había sido la correcta. La decisión, en todo caso, no era vinculante.

Ayer, y con esa salvedad, Carlos Tarife sostuvo que "esperan aprobar el PEP en mayo" y que, de esta manera, El Toscal tenga de una vez su plan especial, "el primer paso para la llegada de la inversión pública que debe planificar la próxima corporación".

El informe remitido ayer por el Cabildo reitera, eso sí, lo puesto de manifiesto en otro documento similar del 13 de marzo de 2018, en el sentido de que la Unidad de Patrimonio Histórico "sobreentiende" que en el nuevo texto se han mantenido los aspectos consensuados con anterioridad, pues ahora solo se han comprobado los condicionantes pendientes de incorporar.

"Por tanto, en caso de error u omisión, desde el punto de vista de los criterios técnicos vinculados con la protección del patrimonio histórico y atendiendo a la totalidad del resto de informes anteriormente emitidos al PEP por esta Unidad Técnica, prevalecerá el contenido consensuado del documento PEP abril 2015", añade.

El PEP volvió a la fase de información pública

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó en septiembre de 2017 la propuesta del área de Urbanismo de reconducir el procedimiento para hacer efectiva la entrada en vigor del Plan Especial de El Toscal a la mayor brevedad y con absoluta seguridad jurídica. La por entonces concejal de Urbanismo, Zaida González, presentó el informe del secretario de la corporación, que aconsejaba retrotraer el expediente de aprobación del planeamiento a la fase de información pública, para corregir los defectos detectados y que el plan fuera una realidad en un periodo breve de tiempo. "No hemos tenido otro remedio que volver a traer al pleno el Plan de El Toscal porque, de haber continuado con el procedimiento seguido hasta el momento, este hubiera sido declarado nulo de pleno derecho", señaló.

Con posterioridad a ese acuerdo se conoció un informe no vinculante de la Dirección General de Ordenación Territorial del Gobierno canario que advertía de que el documento podía ser nulo, pues no se había seguido una tramitación correcta. Esas deficiencias ya las había detectado la secretaria adjunta de la propia Gerencia de Urbanismo en mayo de 2017, todavía con Carlos Garcinuño al frente de Urbanismo.