Canarias no tendrá nueva regulación del polémico alquiler vacacional. No al menos hasta la próxima legislatura y siempre que se repare el proyecto de ley que ha vapuleado el Consejo Consultivo. Fue precisamente el dictamen del órgano que preside Pablo Matos el que ayer obligó a los partidos a asumir que no hay tiempo para enmendar el texto. Solo queda un pleno por delante en el calendario del Parlamento, de modo que resulta del todo imposible corregir una propuesta legislativa inconstitucional y sacarla luego adelante. La normativa que salió de la Comisión de Turismo, con el apoyo inicial de Nueva Canarias (NC), Coalición Canaria (CC) y el PSOE, se inmiscuye en competencias que no le corresponden a la Comunidad Autónoma, es imprecisa y puede dar lugar a una "inseguridad jurídica" en la que empresas y propietarios de viviendas no sabrían a qué atenerse. Así consta en el dictamen del Consultivo, que tras hacerse público dio lugar a que los socialistas, a remolque de Podemos, pidieran aplazar el debate del proyecto de ley previsto para ese último pleno, el de la próxima semana. El PSOE daba así un paso a un lado y dejaba al bloque que formaba con CC y NC -impulsor de la reforma- sin mayoría. El intento de regular el alquiler turístico se quedaba así sin tiempo y sin apoyos, es decir, había fracasado. Y máxime cuando Coalición Canaria también acabó por sumarse a la iniciativa de Podemos para posponer la tarea hasta la próxima legislatura. Decisión que finalmente hasta NC tuvo que asumir.

Lo cierto es que el parecer del Consejo Consultivo no cogió de improviso a casi nadie. En la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) estaban convencidos de que el "aberrante" texto no pasaría el filtro. En el otro extremo, la patronal hotelera Ashotel, la más firme partidaria de controlar de cerca la actividad por la "competencia desleal" que esta le hace al sector del alojamiento turístico tradicional -hoteles y apartamentos-, guardaba silencio. En el medio, e incluso en el PSOE y CC, había quienes torcían el gesto cuando se les preguntaba por su confianza en que el Consultivo diera el visto bueno al proyecto de ley. Una propuesta, cabe recordar, que el Gobierno autonómico redactó originalmente para modificar la Ley de renovación y modernización turística después de que el Tribunal Constitucional vetara dar un trato preferente a los hoteles de cinco estrellas en las autorizaciones para construir nuevos establecimientos. No obstante, la Comisión de Turismo del Parlamento, con el empuje de NC y el apoyo con reservas de CC y PSOE, aprovechó la coyuntura para intentar regular la vivienda vacacional en el mismo texto. Una "distorsión importante", subraya el Consultivo.

La institución entiende que la propuesta de regulación es inconstitucional. Son varios los apartados que no han pasado el filtro del órgano encargado de velar por el encaje de las iniciativas legislativas en el Estatuto y la Constitución. Cuestiones como que haga falta un número de votos determinado para que la junta de propietarios pueda autorizar la vivienda vacacional o la pretensión de excluir estos inmuebles de la normativa sobre arrendamientos urbanos, como de facto ocurriría si la ley saliera adelante en sus actuales términos, suponen una clara invasión de competencias. Con todo, no se trata únicamente de las disposiciones abiertamente inconstitucionales, sino que los expertos del Consultivo cuestionan también los vacíos que tiene el proyecto de ley en la controvertida idea de dar a los cabildos y ayuntamientos la última palabra sobre permitir o impedir la actividad en sus territorios. La ley podría, en definitiva, dar lugar a una "inseguridad jurídica" que finalmente generaría más problemas que soluciones.

Es claramente "inconstitucional y nulo" que se pretenda excluir a las viviendas vacacionales de la aplicación de la normativa sobre arrendamientos urbanos. Así se planteaba en el artículo 46-bis a pesar de que esto sería en todo caso potestad del Estado, que es el que tiene la competencia. Y también es "inconstitucional y nulo" pretender establecer las mayorías necesarias que tendrían que recabarse en las juntas de propietarios para poder poner en alquiler turístico una vivienda sometida al régimen de propiedad horizontal. De hecho sería inconstitucional aunque la ley canaria se limitase a reproducir la normativa estatal.

El hecho de que esos dos apartados no incidan directamente en la parte más turística del proyecto de ley fue el argumento que esgrimió NC para defender el fondo de la propuesta pese al varapalo. El líder de NC, Román Rodríguez -firme valedor del proyecto legislativo-, incluso habló de una "polémica interesada". Los puntos inconstitucionales, según Rodríguez, "nada tienen que ver con la polémica que algunos han armado de manera interesada y falsa".

Hay que precisar, sin embargo, que los juristas del Consultivo no se han limitado a señalar aquello que vulnera la Carta Magna, sino que también apuntan otras varias deficiencias y carencias. Sobre todo en lo relativo a la "capacidad de carga" de los distintos territorios, que sería la medida a partir de la cual se establecerían condiciones para autorizar o no la actividad y en qué medida. Los juristas no pudieron desentrañar a qué alude exactamente la "capacidad de carga". Ni tampoco si solo se tendría en cuenta para el cálculo la vivienda vacacional o también el número de hoteles y apartamentos que haya en la zona. Y ello sin mencionar esa "inseguridad jurídica" que habría provocado la posibilidad de limitar el alquiler turístico en ordenanzas provisionales.

Con todo, los grupos parlamentarios acabaron por reconocer que ya no hay tiempo para enmendar y aprobar la ley. El PP, que junto con Podemos no apoyaba el texto, propuso que se retire el contenido sobre el alquiler turístico, en su mayor parte introducido por NC, para empezar de cero.