Varias familias españolas que han acudido a Ucrania con contratos de gestación subrogada han visto esta semana denegadas sus solicitudes para inscribir a los recién nacidos como hijos de españoles, en virtud de una reciente instrucción del Ministerio de Justicia de España.

La directriz ministerial, emitida el 18 de febrero pasado, ordena a los consulados españoles no aceptar a trámite la filiación de menores nacidos mediante la técnica de gestación subrogada, situación que afecta actualmente a una quincena de familias que se encuentran en Kiev.

“¿Qué tiene de diferente mi hija con los que vinieron al mundo cinco días antes que ella?”, dijo hoy a Efe Daniel Barroso, procedente de Segovia, justo antes de ir a registrar el nacimiento de Lucía, de apenas unas semanas de vida, con las autoridades ucranianas. Es la única opción que le deja la nueva normativa del Ministerio de Justicia. “Es un trato discriminatorio que nos duele y nos resulta muy difícil de entender”, añadió.

Daniel se refería a lo que durante años fue una práctica habitual en el consulado de Kiev, donde se admitía a trámite la presentación de una prueba del ADN para confirmar la paternidad de progenitor español.

“La cruda realidad es que mi hija está desamparada por el Gobierno español, y hay muchas familias en esta situación”, declaró Daniel.

Los afectados estiman que habrá pronto más de 50 familias españolas en esta situación, ya que hay procesos de gestación subrogada en marcha y habrá más recién nacidos.

“Han vendido a nuestros hijos por un puñado de votos. Es todo una estrategia de cara a las elecciones”, se quejó Ilanit Snir, oriunda de Tenerife.

El Gobierno de España recuerda que la gestación subrogada, también denominada por sustitución y más conocida como vientres de alquiler, es una práctica prohibida en el país que supone que una mujer gestante cede la maternidad y paternidad a terceros.

Según la ley española, ha de existir una sentencia judicial previa sobre la cesión en el país correspondiente y, en última instancia, sería un juez español quien determinase la filiación.

Las familias afectadas consideran que se les pide algo “a sabiendas de que es imposible conseguirlo”.

Desde el consulado ya se les ha informado de los pasos a seguir para registrar a los menores por la denominada “vía ucraniana”, es decir, para que los bebés obtengan el pasaporte ucraniano y puedan viajar a España.

Esta opción implica el registro a través de la administración local y una posterior solicitud de coadopción por parte de la mujer española.

“Para nosotros, que mi hijo tenga que ir a España con un pasaporte ucraniano no es una opción. Estamos dispuestos a interponer un recurso ante las autoridades competentes”, afirmó Emilio Octavio, marido de Ilanit.

Para ella, el Gobierno español tiene una "postura hipócrita que no vela por el bien de los menores".

"Se acusa a Ucrania de hacer algo ilegal y, al mismo tiempo, se incita a que nuestros hijos salgan de aquí con pasaporte ucraniano”, se quejó Ilanit.

Las familias españolas consideran que el Gobierno español no les brinda protección, ya que los menores al llegar a España como ucranianos no tendrían derecho a prestaciones sociales.

“Nos duele que traten a nuestros hijos, y a las madres gestantes, como menores y madres de segunda. Aunque se nos demonice, el bienestar de las madres gestantes ha sido, es y será siempre para nosotros una prioridad”, recalcó Emilio.

Según la última instrucción al respecto publicada en el Boletín Oficial del Estado, “la gestación por sustitución constituye un fenómeno en el que se produce una grave vulneración de los derechos de los menores y de las madres gestantes”.

En Ucrania operan decenas de agencias que ofrecen sus servicios de gestación subrogada con paquetes que oscilan entre los 40.000 y los 60.000 euros, incluidos gastos médicos, alojamiento, servicios de traducción y asistencia legal.