La comisión de Empleo y Servicios Sociales del Parlamento canario aprobó ayer, por unanimidad, la nueva ley social. Una norma concebida por la mayoría de grupos como la más importante, con diferencia, de la novena legislatura regional e, incluso, de los últimos mandatos, toda vez que sustituye a la de 1987 y, como el nuevo Estatuto, se puede presentar como de "última generación", propia de los servicios, derechos sociales y condiciones laborales que se exigen cuando se está a punto de entrar en el tercer decenio del siglo XXI.

Aunque el texto es tan completo, amplio y detallado que los propios partidos pasaron de puntillas ayer por la inmensa mayoría de los artículos y disposiciones, algo que se repetirá este martes en el pleno, los diputados coinciden en resaltar, sobre todo, que Canarias va más allá que el resto de regiones al incorporar a la ley, de forma expresa, el catálogo de servicios. Una cartera resumida y resaltada por los partidos como "la mejor" del país, al menos en comparación con las últimas 8 leyes sociales de comunidades. Entre otras cosas, porque esos servicios se introducen y reconocen como derechos subjetivos, universales y sin distinción de islas u otras condiciones para todos los residentes en las Islas.

Según remarcó la diputada María Teresa Cruz Oval (PSOE), muy elogiada por el resto por las horas que ha dedicado a la ley y, especialmente, por aportar su formación y experiencia técnica en este ámbito, la ley destaca también "por no dejar a nadie fuera en cualquier etapa de su vida".

Si bien ayer se presentaron algunas enmiendas por parte del PP y Podemos, fueron rechazadas y la aprobación del título, exposición de motivos y articulado de la ley no solo salió por unanimidad, sino en medio de aplausos mutuos. Fue el momento en que el presidente de la comisión, el socialista Marcos Hernández, usó ese término que muchas veces se considera "gastado" (de hecho, ayer lo volvió a señalar), pero que, con el asentimiento general, remarcó: "Un momento histórico por la relevancia de la norma".

Aunque en este texto se viene trabajando desde la legislatura anterior, en este mandato, y ya cuando se elabora y suscribe el pacto de CC y PSOE, se ha impulsado de forma determinante desde el principio. No obstante, los vaivenes, su complejidad, la ruptura del cogobierno a finales de 2016, la llegada de una nueva consejera (Cristina Valido en sustitución de Patricia Hernández) y el objetivo de "darle la vuelta como un calcetín" al borrador presentado por el Gobierno regional dificultaron a fondo su aprobación. De hecho, varios grupos y hasta la propia Valido temieron que se quedara colgada y, pese al trabajo realizado y el consenso con los cabildos, ayuntamientos y numerosas entidades del subsector, pasase al siguiente mandato y se retrasase otro año, al menos.

Al final, tras más de 30 ponencias, intensificadas desde enero, y con un gran esfuerzo en pro del consenso y de que saliese por unanimidad, la votación de ayer despeja el camino y solo queda la ratificación en el pleno de la próxima semana.

Esta difícil trayectoria se notó mucho en las intervenciones de ayer. Melodie Mendoza (ASG) se sintió muy honrada por haber participado en la que considera la norma más importante del mandato. Luis Alberto Campos (NC) elogió el trabajo de todos y puso mucho énfasis en la cartera de servicios consensuada. Aunque tiene claro que todos harían cambios y matices diferentes según la ideología, cree que el gran valor es el acuerdo alcanzado para desarrollar lo que no se pudo con la de 1987, ley que, sin embargo, considera muy relevante porque nunca fue asistencial y sentó las bases de los servicios sociales locales y en la comunidad.

Pepa Luzardo (PP) subrayó la relevancia de la financiación garantizada. Cruz Oval dijo que no es una ley "perfecta", pero casi, mientras que Elena Luis (CC) sostuvo que "es la mejor posible", subrayando la coordinación con el resto de administraciones.

La ley deja claras las competencias de las distintas instituciones. El catálogo de servicios deberá aprobarse en seis meses, se implantará progresivamente y estará financiado al 100% en 6 años. Para ello, se incorporarán 55 millones cada año, hasta llegar a 330, lo que se sumará a los 370 millones actuales. Eso sí, los cuatro planes plurianuales elevarán el gasto global a unos 900 millones en 12 años.

Por Podemos, María del Río Sánchez se congratuló, a fondo, del paso de gigante que supone la norma, pero cree que debería descartarse a las empresas que se lucran con lo social y apostar solo por las ONG o tercer sector.

Desgarrador relato sobre hijos de las asesinadas

La comisión se cerró ayer con una de esas intervenciones desgarradoras que dejan mal cuerpo en los diputados y resto de presentes y hacen que los grupos se pongan las pilas para intentar cambiar ciertas realidades, en este caso ya en la próxima legislatura. La protagonizó Luz M. Rodríguez (Luci), hermana de Guacy, víctima de la violencia de género al ser asesinada por su pareja en 2012 delante de sus dos hijos. En un relato que estremeció por su entereza, pero, sobre todo, por lo que ha sufrido burocráticamente su familia en pro de esos menores, Luci hizo más bien una propuesta de ley, ultradetallada y más que justificada, de cómo deben las administraciones cambiar la atención a las familias víctimas de una atrocidad así para que al dolor intrínseco de la muerte súbita e inesperada de una hija o hermana, según subrayó, no se sume un calvario posterior para proteger y garantizar un futuro razonable a esos niños. Y es que, entre otras múltiples tropelías que los diputados desconocían y que casi no podían ni comprender que pasen a estas alturas, los familiares víctimas tienen que luchar para que el padre asesino pierda la custodia de los menores y otras potestades, aparte de que las indemnizaciones de 300.000 euros para los niños y 200.000 para la familia (en este caso) no las reciben aunque estén en el fallo (1 año y medio o 2 después) si el condenado se declara insolvente porque el Estado no lo cubre de forma subsidiaria. A esto se une otra infinidad de problemas con la ayuda psicológica (sobre todo si hay recaídas), los seguros, viviendas o las hipotecas que se compartían con el asesino, sin olvidar los efectos en las propias familias, muchas de las cuales acaban desestructurándose a raíz de algo de lo que, simplemente, no tienen culpa.

Apoyo al dictamen sobre la situación de la infancia

En un día feliz por la aprobación de la ley social, la intervención de Luci trastocó caras, estómagos y casi prioridades entre los presentes. Hasta tal punto de que los partidos se conjuraron para que, en la próxima legislatura, intervengan todo lo posible para cambiar esa realidad de los niños víctimas de la violencia de género y sus familias. No obstante, ayer mismo aprovechó G. González Taño (CC) para plantear que, en el dictamen sobre la situación de la infancia en Canarias, que se aprobó ayer, se añada lo expuesto por Luci, si bien el PSOE pidió que se creara una subcomisión específica.