Hay intervenciones en el Parlamento de Canarias (y en cualquier otro) que, al tiempo que prueban lo alejadas que siguen las leyes y las mentes de muchos políticos de lo que realmente pasa en el día a día en demasiados ámbitos (no en todos), sirven precisamente para acortar tanto esa distancia que casi llevan al dolor. Es lo que ocurrió el pasado viernes con Luci Rodríguez, la hermana de Guacy, una madre de dos menores de 35 años que fue asesinada por su pareja en 2013 con los niños de testigos (7 y 5) y que, como muchos familiares de estas víctimas de la violencia, más bien del terrorismo machista, no solo han vivido el inenarrable dolor de una pérdida así, sino otro calvario burocrático, incomprensible y con situaciones simplemente dantescas que les impide, como reiteró varias veces, ni siquiera comenzar el luto.
Su estremecedor relato hizo que varias diputadas reconocieran luego que les dolía la barriga solo de haber conocido lo que tienen que pasar los niños y sus familiares para arreglar una situación de la que son inocentes, que muchas veces ni sospechaban y que acaban, en más casos de los que se creería, en familias rotas, desestructuradas o en niños en acogida o centros de menores porque nadie se puede hacer cargo.
Es más, y en lo que resultó vergonzoso para los presentes en la comisión de Servicios Sociales (algunas diputadas se indignaron y dijeron que eso debía cambiar inmediatamente), ni siquiera pueden cobrar las indemnizaciones que fije la sentencia judicial si, en este caso, el padre se declara insolvente. Y es que, al menos en la experiencia de Luci y su familia (preside la Asociación Todos somos Guacy para luchar contra la violencia de género y evitar este doble sufrimiento), no han podido cobrar ni los 300.000 euros determinados para sus sobrinos ni los 200.000 para la familia víctima porque se declaró insolvente y, para colmo, el Estado no asume esas cantidades de forma subsidiaria.
Pero este no es, ni mucho menos, el único y hondo barranco que deben afrontar las familias, quieran, puedan o no responsabilizarse de los menores. Otra sorpresa más que sangrante, que no solo no se imaginan las víctimas sino los propios políticos, es que la custodia no se le arrebata al padre asesino de forma inmediata, por muchas pruebas que haya de su crimen, por lo que los destrozados familiares deben adentrarse en otra lucha jurídica que cuesta dinero y que requiere de asesoramiento.
Tampoco son fáciles, más bien al contrario, las batallas con los seguros de vida (tienen que demostrar con el médico de cabecera que la que ha sido asesinada estaba bien de salud), con los del coche, vivienda, de empresa (la mató de camino a su trabajo) u otros. No obstante, más dolorosa es la guerra si existe hipoteca de casa compartida, porque ese bien tampoco pasa de forma inmediata a los menores y lograrlo no es precisamente sencillo ni barato.
Otro calvario es la espera por el juicio. Según dijo, la media es de un año o año y medio y, por el camino, los niños y familiares necesitan ayuda psicológica. Rodríguez no se queja de este servicio y de la calidad de los trabajadores que lo prestan, pero sí advierte de que, cuando se entiende que la depresión o problemas han decrecido, se dejan de ofrecer, pero nunca se retoman cuando hay recaídas. Algo que ocurre con mucha frecuencia y que suele darse cuando, por ejemplo, se acerca la fecha del crimen o ante cualquier tratamiento público (mediático, sobre todo) que les haga revivir la tragedia. Es cuando deben asumir de sus bolsillos los nuevos costes de psicólogos y médicos, ya que las ayudas desaparecen para siempre.
Rodríguez también critica la descoordinación de fuerzas de seguridad, que hace que tengan que explicar continuamente lo mismo, así como el hecho de que, en muchos casos, los funcionarios de las administraciones les digan que ciertos trámites o soluciones no caben y que las hacen "de favor".
Asimismo, y en algo que aprovechó Pepa Luzardo (PP) para reclamar el mantenimiento de la pena permanente revisable, si bien no halló eco en ningún grupo, no se explica cómo el código penal no contemple el ensañamiento si el asesino logra su macabro fin con su primera puñalada. En el caso de Guacy, y no sin dificultades, tuvo que ser su madre, en cuyos brazos acabó muriendo, la que se viese obligada a intervenir en un segundo juicio con su, también, desgarrador descripción de los hechos para ser asumido como tal.
Luci también alerta del "shock" que supone un asesinato así para unos familiares que, en su mayoría, ni se lo temen. En un momento, se ven rodeados de fuerzas de seguridad, psicólogos y expertos y, tras los duros momentos de la despedida, comienza este calvario burocrático de papeles, obstáculos, incomprensión y gastos. Una situación que, en el caso de los familiares que desean quedarse con los niños, jamás se ve reforzada con ayudas que tengan en cuenta, por ejemplo, que esas personas pueden tener también más hijos y que los costes, de repente y sin ninguna culpa, se multiplican. Y la alternativa: el acogimiento por otra familia o un centro de menores.
Propuestas a aplicar en el próximo mandato
El año que mataron a Guacy asesinaron a otras 56 mujeres en España y, desde entonces, a 282, con 191 niños víctimas. Usando una pantalla, su hermana expuso con breves textos lo que los grupos concibieron como una propuesta de ley. No solo detalló su calvario, sino que describió cómo pueden (mejor cómo deben) las administraciones eliminar tantas situaciones indecentes en el año 19 del siglo XXI con los avances logrados, al menos en los textos legales, contra la violencia machista. Eso sí, admitió que, al intervenir ante la UE, comprobó que, en ciertas cosas, España está a la vanguardia, pero alerta de que las normas e instituciones se olvidan de los menores y familiares casi cuando acaban los minutos de silencio. Según propuso, hay que corregir que el trámite de guardia y custodia no sea un "proceso habitual" que dura 6 meses, sino urgente. También el hecho de que, si se tiene trabajo, no se conceden ayudas. Le parece un dislate, por ejemplo, que tengan que demostrar que la expareja fue el asesino, que se topen con muy poca colaboración de los bancos para cancelar hipotecas o créditos, sobre todo si no tienen seguro, o que Hacienda les haga pagar después casi por cualquier cosa cifras que resultan insultantes.
"Cuando naciste, te cogí en mis brazos..."
Se queja también de los trámites que no están cubiertos, que los niños solo reciban orfandad en el caso de que la madre haya cotizado "lo suficiente" o que, si son adoptados, la pierdan. Que las bajas por depresión perjudiquen en los salarios a los familiares (incluso perdiendo el trabajo), salvo que sea por "trastorno mayor por episodio único", o que, tras lo que implica psicológicamente el juicio y recrearlo todo, tengan que asumir gastos, notarios y abogados. A su juicio, hay que incrementar las partidas para estas familias, preocuparse más de la parte psicológica, cambiar y agilizar protocolos y trámites, revisar las reducciones de condenas, las bajas laborales, retirar la patria potestad desde el principio, que los bienes del asesino no se subasten y pasen a los hijos, que los gastos de la víctima (agua, luz...) se paren desde el crimen y no acumulen, encima, intereses, y que se trabaje mucho más la prevención en los colegios contra una lacra que prueba que "matar sale barato". Luci se despidió con lo que escribió su madre y que ojalá nunca hubiese tenido que hacerlo, pero que resume parte de tanto pesar: "Cuando naciste, te cogí en mis brazos con mucha alegría y de mis brazos te arrebataron con mucha tristeza y mucho dolor". Ojalá los cambios legales prometidos el viernes no tarden tanto como la ley social.