El fundador y líder del PIL, Dimas Martín, ha reconocido este miércoles que dio instrucciones a concejales de su partido para retener pagos que adeudaba el Ayuntamiento de Arrecife a algunos empresarios, pero ha dicho no hacerlo para lucrarse, sino por su "vocación política".

En una de las sesiones finales del "caso Unión", cuando la Audiencia de Las Palmas le ha concedido su derecho a decir las últimas palabras en el juicio que se examina la presunta trama que cobró comisiones a costa del erario municipal de Arrecife, Dimas Martín ha alegado que fue esa "vocación" lo que le llevó a decir que no se abonaran unos 100.000 euros que se debían a un empresario.

El expresidente del Cabildo de Lanzarote, que supuestamente cometió desde prisión los hechos que le atribuye la Fiscalía de Canarias, ha añadido, incluso, que habría pedido bloquear a ese empresario otros pagos por valor de algo más de un millón de euros si hubiera sabido que los tenía pendientes.

"Si lo llego a saber, también pido que no se le pague eso", ha afirmado Martín, que se enfrenta a una solicitud de condena de 17 años de cárcel.

Con sus declaraciones, el líder del PIL ha querido rebatir las tesis de la Fiscalía de Canarias de que, en realidad, su propósito al bloquear esos pagos era presionar al empresario para que aceptara pagar un soborno equivalente al 10 % de ese dinero.

En este proceso, el Ministerio Pública ha tratado de demostrar la existencia de una trama que desvió en su beneficio entre 2007 y 2009 fondos del Ayuntamiento de Arrecife y que, supuestamente, estaba dirigida por Dimas Martín desde la prisión de Tahíche, donde cumplía condena por otros casos de corrupción.

La Fiscalía sostiene que el estar recluido en prisión no impidió al líder del PIL seguir controlando ese tipo de negocios ilícitos, consistentes en amañar los contratos de obras y servicios del Ayuntamiento para adjudicarlos a dedo a empresas afines a las que se pedía, a cambio, pagar ese 10 %, usando para ello a cuatro concejales de su partido.

Según la acusación pública, esos ediles actuaban con un proceder "rayano en la extorsión", pues usaban su posición para demorar los pagos que debían recibir quienes se negaran a abonar esa "mordida" hasta que se avinieran a sus exigencias.

Dimas Martín ha rechazado en sus últimas palabras que él fuera el responsable de esas prácticas corruptas y ha acusado de ello al presidente del PIL de aquella época, Antonio Hernández, y a los ediles implicados, que han reconocido su culpa durante el juicio.

Como prueba de ello, y en el curso de una dilatada intervención de más de media hora de duración en que ha cuestionado el comportamiento de la Fiscalía en este proceso, llegando a tildarlo de "perverso", ha apuntado a una conversación telefónica intervenida a Hernández hablando del cobro de comisiones.

Por el contrario, ha restado credibilidad a otras decenas de charlas intervenidas a través de su móvil en las que participaba él mismo y daba órdenes tajantes de que el Ayuntamiento no pagara a determinados empresarios, hablaba de futuros contratos públicos y hasta daba instrucciones a algún edil para que alguna empresa adjudicataria diera empleo a determinadas personas.

Frente al discurso del fiscal, que afirma que esas conversaciones confirman que Martín estaba a la cabeza de la operación y que los demás implicados actuaban bajo su dictado y con una actitud de "sumisión" hacia él, el principal acusado de esta pieza del "caso Unión" ha insistido en que "no hay pruebas" que lo demuestren.

Desde esa premisa, el líder histórico del PIL ha dicho que la Fiscalía ha optado por "tratar de enfangar un poco" y "poner trampas en el camino" a fin de dar apariencia de veraces a pruebas que, a su juicio, no lo son.

Aunque, en todo caso, no ha negado que incluso estando preso tenía en su celda documentos de planeamiento y contratos públicos de Arrecife que el fiscal asegura que no debían haber sido accesibles para alguien ajeno al Ayuntamiento como él porque en esos momentos eran confidenciales y podían usarse para tener información privilegiada y tramar nuevos sobornos.

Para contraponer su versión, Dimas Martín ha declarado que solo tuvo acceso a esos documentos cuando ya fueron públicos y ha reiterado que la razón por la que se hizo con ellos fue su deseo de contribuir a una mejor gestión pública.

"Los pedí para ver qué mejoras podíamos introducir en Arrecife", ha relatado al respecto.

Dimas Martín ha ahondado, así, en la posición de su defensa, que ha solicitado su libre absolución negando que sea responsable de nada de lo que se le acusa en este juicio, pero argumentando principalmente que las pruebas presentadas para demostrar su supuesta culpabilidad no son válidas.

La razón, según el letrado, es que el origen de la investigación de esa presunta trama corrupta de Arrecife es una grabación que hizo un empresario a quien se pedía una comisión tras denunciar lo que pasaba.

Porque, si bien lo hizo con una grabadora de su propiedad, avisó antes de sus intenciones a agentes de la Guardia Civil a los que había denunciado los hechos y esa circunstancia obligaba a pedir autorización judicial, de acuerdo al planteamiento del abogado defensor, que rechaza la acusación.

Pese a ello, el letrado ha reiterado su discurso y ha asegurado que el resto de actuaciones desarrolladas a raíz de esa denuncia, desde las intervenciones de conversaciones telefónicas hasta las detenciones mismas de los acusados, deben considerarse nulas, por estar "viciadas desde su origen".

El juicio ha quedado visto para sentencia esta tarde tras la presentación de los informes de todas las defensas.