Una pregunta del portavoz económico del PP, José Estalella, le permitió ayer a la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ironizar de forma crítica con los llamados "viernes sociales" del Consejo de Ministros de Pedro Sánchez para reclamar un "viernes canario" que compense los incumplimientos de convenios, REF y Estatuto por parte del PSOE. Además, una pregunta posterior de Patricia Hernández sobre el superávit regional invertido en 2017 le dio pie a agudizar aún más su crítica al Ejecutivo central, acusando a su presidente de derivar dinero de Canarias "a Cataluña, a propaganda exterior y el independentismo".
En su respuesta a Estalella, Dávila insistió en que el Ejecutivo central "engañó" al canario y que no solo faltan 327 millones de 2018, sino 445 del fallo de vías. Además, no halla explicación a que no se transfieran los ocho millones para desalación de agua o a que el PGE "se llevara por delante las ventajas fiscales o los incentivos para crear empleo o el sector audiovisual", si bien aclaró que siguen en contacto con unos ministerios que, a su juicio y en lo que respecta al Archipiélago, continúan "despistados".
Estalella, por su parte, ahondó previamente en estas críticas al PSOE por el cambio radical que, en su opinión, se produjo respecto al trato a Canarias desde Madrid desde que se produjo la censura a Mariano a Rajoy y la vuelta de los socialistas al poder.
No obstante, Dávila le dio una vuelta de tuerca a esta dura crítica a Sánchez al retomar la acusación de que parte de ese dinero no llegado a Canarias se ha desviado a Cataluña, los independentistas y a "propaganda exterior". La consejera censura lo que llama "hipocresía" del PSOE, "por reclamar en la oposición lo que no cumple al gobernar".
Se refería, sobre todo, a la regla o techo de gasto y dijo que Canarias podía haber utilizado más dinero para contratar un mayor número de médicos, aumentar la financiación de la sanidad, la educación o la dependencia, entre otros ámbitos, si Sánchez hubiera relajado esa exigencia. Algo que también beneficiaría a los ayuntamientos, con 3.000 millones de superávit, pero que solo han podido usar unos 800, y a las instituciones que han cumplido los ratios, y no a los incumplidores. Por eso, recalcó que quieren "los 602 millones" pendientes "que son de los canarios, no de Sánchez".
En contraposición, Patricia Hernández (PSOE) le reprochó que, pese a su "propaganda" al exigir y luego lograr el uso del superávit, "solo haya gastado 12,7 millones de los más de 300 de 2017, lo que supone un 4% de ejecución, algo que no he visto en ninguna administración pública". En su opinión, "el problema es que no hay ni proyecto ni capacidad"