El Parlamento canario convalidó este miércoles un decreto ley por el cual se cambia la ley de vivienda, de forma que el ejecutivo canario, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna podrán proseguir el plan de reposición de las viviendas de Las Chumberas con o sin el Estado.

El proyecto de ley fue aprobado con los votos a favor del grupo Nacionalista, Popular y Mixto mientras que hubo una abstención, y los Socialista, Podemos y Nueva Canarias votaron en contra al entender que este cambio no es para solucionar el problema de los vecinos y sí para evitar problemas al presidente canario, Fernando Clavijo, al alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, y a su partido, CC.

A juicio de Gustavo Matos (PSOE), Noemí Santana (Podemos) y Román Rodríguez (Nueva Canarias) con este decreto ley se quiere evitar dar cuentas de la gestión, algo que negó la diputada del grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato.

El portavoz de Nueva Canarias Román Rodríguez aseguró que con este decreto ley se quiere resolver problemas de Coalición Canaria (CC) y del presidente canario, Fernando Clavijo, cuando era alcalde de La Laguna, a quienes acusó de mala gestión en la rehabilitación y reposición de las viviendas de Las Chumberas.

Román Rodríguez dijo que en diez años "no se ha hecho nada" en las viviendas de Las Chumberas y ahora se pretende evitar dar cuentas del destino de más de 22 de los 25 millones de euros del convenio de rehabilitación.

"¿Dónde están los 22 millones que faltan?", insistió en preguntar Román Rodríguez, quien recordó que el convenio finalizó el pasado año y con este decreto ley se quiere excluir al Gobierno central que, afirmó, reclamará el dinero "mande la Liga Comunista Revolucionaria o el PP".

El portavoz de Nueva Canarias, al igual que posteriormente haría la portavoz de Podemos, Noemí Santana, apostilló que hay cinco informes del Cabildo de Tenerife en los que se dice que el dinero "o se justifica o se devuelve".

Y denunció que sólo el departamento de Intervención de la Comunidad Autónoma no ha dicho nada, algo que supone que se debe a que quien era alcalde de La Laguna es en la actualidad el presidente del gobierno canario.

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, coincidió con Román Rodríguez en que este decreto ley "no es un salvavidas" para los ciudadanos afectados y sí para Fernando Clavijo, y señaló que de los 25 millones de euros que eran para reponer las viviendas para preguntar cuanto dinero se ha destinado a Las Chumberas.

Noemí Santana manifestó que solo se han justificado 2,2 millones de euros, mientras que el resto del dinero se utilizó para tener dinero en efectivo "sin control y sin justificación", y criticó que ahora se intente evitar tener que justificar.

La portavoz de Podemos denunció que ni siquiera se han hecho las expropiaciones de terrenos y opinó que si hay algo de extrema necesidad es "echar a Coalición Canaria y a Fernando Clavijo porque con su gestión ponen en peligro el dinero de la comunidad autónoma".

El diputado del grupo Popular José Estalella expresó su apoyo porque opinó que se justifica el decreto ley en benficio de los ciudadanos y reconoció que la gestión no ha sido ejemplar, por lo que apoyó la aprobación "con muchas reservas".

El diputado del grupo Socialista Gustavo Matos dijo que es mentira que se cambie la ley para beneficio de los ciudadanos, ya que, afirmó, lo que se pretende es modificar de manera indirecta de la ley de subvenciones y sin justificar lo que han hecho con el dinero de Las Chumberas.

Gustavo Matos recriminó que se esté tomando el pelo a los vecinos porque el dinero lo han tenido desde el principio y mostró su sorpresa por la posición del PP en el Parlamento canario, cuando en el Ayuntamiento de La Laguna tiene otra posición.

La diputada del grupo Nacionalista Canario Socorro Beato dijo que las tres administraciones canarias han buscado la solución a un problema y añadió que desde el gobierno central se ha insistido en que haya un acuerdo, para también referirse al informe favorable del Consejo Consultivo.

Socorro Beato subrayó que se han firmado tres convenios porque, afirmó, no hay dudas de donde está el dinero, y negó que se intente evitar dar cuentas de la gestión para también señalar que lo que quiere la oposición es echar a Fernando Clavijo.