El consejero de Carreteras, Pablo Rodríguez, sostuvo ayer, en la comisión informativa de su área y en una comparecencia solicitada por el PSOE sobre la ejecución de obras en vías en 2017 (ampliada luego a 2018), que el balance en este ámbito debe concebirse como un éxito si se atiende a que el nuevo convenio con el Estado no se firmó hasta el 22 de diciembre pasado, a que solo pudo darle continuidad a los proyectos en ejecución y a que, en la actualidad y tras elaborar los proyectos necesarios, se encuentran en licitación intervenciones por 600 millones de euros, que serán 800 en pocos meses.
Como se preveía, su resumen, no convenció, para nada, a la diputada socialista Patricia Hernández, quien considera que la mayor actividad en 2017 respecto a 2018 se debió solo al trabajo dejado por la anterior consejera del área, Ornella Chacón. Hernández rechazó lo que concibió como una excusa de Rodríguez insostenible, al recalcar que sí se podía licitar sin esperar a 2019 y que, de hecho, se hizo con La Aldea. A su juicio, que en 2017 se certificaran actuaciones (expropiaciones, proyectos y obras) por 148 millones y en 2017 solo 31,5 "en las mismas circunstancias" demuestra que la gestión ha ido a peor claramente por la "incapacidad" del vicepresidente, "ejecutándose 5 veces menos que el año anterior" pese a que ha tenido "más recursos que nadie".
Además, insistió en que, con la vía Chafiras- Oroteanda, los dirigentes de CC solo fueron a hacerse la foto hace unos meses porque, en enero y febrero pasado, lo certificado llega escasamente a 4,400 y 12.000 euros. Según sus cifras, "le han sobrado 274 millones en 2018, a los que hay que sumar 280 de inversiones financieramente sostenibles, más de lo que están reclamando".
Rodríguez le replicó que en 20''18 se ejecutó menos porque se habían acabado un año antes o en los primeros meses los proyectos que estaban en ejecución, mientras el departamento trataba de sacar el resto de iniciativas técnicas para poder licitar y adjudicar desde que se firmara el convenio.
En contraste con lo dicho por el PSOE, recodó que con Chacón "no se licitó ni una sola carretera ni actualizó o redactó un proyecto porque no tenía convenio. Por eso, priorizó las obras en marcha, como hubiese hecho yo. Ahora, el que venga a la consejería tendrá, por ejemplo, adjudicado el Anillo Insular, la segunda fase de La Aldea o la obra de Las Chafiras".
En este sentido, reiteró que esos 600 millones suponen el 50% del nuevo convenio. Además, indicó que, de los 1.475 millones que incluía el convenio previo, se gastaron más de mil millones (con partidas añadidas desde las Islas), cuando lo transferido rozó solo los mil, lo que considera un éxito considerable de gestión autonómica.
Para ASG, el balance es positivo, mientras que Águeda Montelongo rechaza ese resumen, el PP lo cree muy escaso y Podemos avisó del exceso del túnel de Erjos.
La última comisión de la novena legislatura se cerró ayer con la aprobación, con el voto a favor de todos los grupos salvo el de Manuel Marrero (Podemos), de una Proposición No de Ley (PNL) de Antonio Castro Cordobés (CC) para que se elaboren los informes pertinentes que permitan dilucidar si es factible una ampliación del nuevo dique del puerto de Tazacorte, en La Palma, de unos 60-70 metros (hasta unos 100). Con esa intervención, el diputado palmero confía en que quepan cruceros de mayor porte, subrayando la relevancia que ha ido adoptando esta modalidad turística, "que crece al 10% anual y que es el futuro".
La propuesta se amplificó luego, tras la intervención de Águeda Montelongo (ya como diputada no adscrita, tras irse del PP), quien planteó una enmienda in voce aceptada por Castro para que también se efectúen los estudios e informes necesarios que fijen si algo similar es factible en el puerto de Gran Tarajal (en Tuineje, Fuerteventura). A los grupos les pareció bien, aunque NC y, sobre todo, el PSOE plantearon sus profundas dudas sobre cualquier actuación en un puerto como Tazacorte que, a su juicio, ha demostrado que se ha sobredimensionado o, al menos, que no está respondiendo a las expectativas creadas.
Castro, por supuesto, discrepó, afirmó que la nueva marina aporta cada año 300.000 euros de ingresos y, tras hacer un profuso repaso histórico a un puerto previsto desde 1896, recalcó que solo quiere saber si cabe esa ampliación. Marrero justificó su oposición en los resultados de un puerto que, a su juicio, ha sido innecesario.