Lejos de templarse los ánimos, el Gobierno de Canarias se vio abocado ayer a afilar el hacha de sus críticas al Ejecutivo central al comprobar que no está dispuesto a transferir los 42 millones de euros empleo ni los 30 para pobreza del presupuesto prorrogado de 2019 porque considera que esas partidas, al ser nominativas, no pueden prorrogarse. Si la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, había solicitado en el último pleno que los consejos de Ministros pasen de ser los "consejos sociales" a, al menos una vez, los "consejos canarios", ayer los presentó como "los viernes negros" para las islas por lo que califica de "atropello" de los socialistas.
Estas dos novedades de ayer, notificadas a los departamentos de Educación y Servicios Sociales, envalentonaron como a una consejera de Hacienda que, en la rueda de prensa posterior al consejo de Gobierno, hizo un llamamiento a "todos los sectores" a defender lo que recalcó como derechos de los canarios incluidos en el REF, Estatuto y la agenda isleña, "que apoyaron tanto el PP como el PSOE", según recordó, a su vez, la responsable del área social, Cristina Valido.
Dávila, además, remarcó que acudirán a las instancias que sean necesarias y que le han remitido una carta urgente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para reunirse esta misma semana y no solo exponer estos dos nuevos incumplimientos, sino exigirle que se corrija la inclusión de los 500 millones que el Gobierno de Pedro Sánchez sí había reconocido de la sentencia del convenio de carreteras como superávit. Esto, según denunció, eleva ese dinero en caja del 0,6% al 2% respecto al Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias, pero sin que se transfiera "ni un céntimo, obligándonos a derivarlo a deuda".
La portavoz del Gobierno canario exige que esto se corrija antes del 15 de abril y anunció también que han pedido amparo a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal porque "este Gobierno no es de fiar para nosotros".
La consejera recordó que ya se han visto obligados a acudir a la Audiencia Nacional para exigir que se pague a Canarias de forma íntegra la sentencia del convenio de carreteras que incumplió el PP de 2012 a 2017, cantidad que, con intereses, se eleva a 945 millones, si bien se habían garantizado 500. No obstante, son esos 500 millones, precisamente, los que se han incluido como superávit (a añadir a los 300 que hay) de las Islas y que el Ejecutivo regional no puede usar salvo para deuda.
Como si las malas noticias desde la capital de España fuesen una plaga, la consejera de Educación, Soledad Monzón, también anunció ayer que el Estado les ha anunciado que pone en cuestión los sexenios para el personal docente que el Gobierno autonómico acordó con los sindicatos en septiembre de 2017 y que se aplican desde 2018. Monzón cree que hay un problema de interpretación, ya que el Ejecutivo central los vincula a la antigüedad y no a la formación, que es lo que, en realidad, hizo la Comunidad. Asimismo, niega que esto pueda derivar en un incremento del gasto no previsto, ya que, según recalcó, se incluyeron en los presupuestos autonómicos de forma planificada, "no caprichosa", con una aplicación creciente hasta 2022 y siempre con partidas suficientes fijadas el 1 de septiembre de 2017, de manera que no se rompa ninguna norma de contención del gasto. Asimismo, matizó que el presupuesto regional para 2019 se aprobó el 19 de diciembre, mientras que el real decreto del Estado sobre esta cuestión es posterior.
Monzón remarcó que lo que buscaron en su día con este acuerdo era evitar que los profesores en las Islas se viesen perjudicados respecto a los del resto del Estado y tuvieran el mismo salario que en la Península o Baleares. Por eso, anunció que ayer mismo habían convocado a los sindicatos de Educación a una reunión mañana para pedirles su respaldo a las medidas de presión que adopte el Ejecutivo isleño ante Madrid. Según subrayó Dávila, esta cuestión también la expondrá en la reunión que le ha pedido a la ministra de Hacienda, cita que confía en que se dé esta misma semana, a poder ser lo antes posible.
El desfase con las comunidades del PSOE
No obstante, donde hubo más énfasis fue en el momento en que Dávila contrastó los "atropellos" a Canarias con el trato que están recibiendo las comunidades del PSOE, "incumplidoras del déficit y el gasto", desde el pasado mes de enero. En este sentido, afirmó que "es de extrema gravedad lo que está haciendo el Gobierno central con Canarias" cuando, al mismo tiempo, se han destinado "más de 9.000 millones a otras regiones". En el caso de las socialistas, "indicó que parece que los presupuestos no son prorrogables para Canarias en cuanto al plan de pobreza y el de empleo, pero sí para Andalucía, a donde se derivó 3.000 millones, 1.200 para Valencia y 1.050 para Asturias". Según sus datos, las regiones que aún gestiona el PSOE (Andalucía incluida hasta el cambio de gobierno de la mano del tripartito de derechas) han recibido en este tiempo 5.931 millones, mientras que, en el caso del Archipiélago, ni siquiera han llegado los 8 millones del agua agrícola porque, si bien se aprobó el decreto el pasado viernes en el Consejo de Ministros, aún no se ha hecho la transferencia.
Valido: "Me engañaron con los 18 que faltan"
Como suele hacer, Dávila fue ayer implacable con "este Gobierno socialista" (lo presentó varias veces así), aunque no disimuló una agudización en sus críticas y enojo. Sin embargo, tampoco se quedó corta la responsable de Servicios Sociales, Cristina Valido, con el matiz relevante de que, en este caso, tuvo que reconocer que cometió "el error de creer en la palabra de la ministra" del ramo cuando, a finales de 2018 y tras abonar a última hora 12 millones del plan de pobreza de 2018, le prometió que los 18 restantes se aportarían en los primeros meses de 2019. Ahora, y según anunció ayer, les han comunicado que ya no les da tiempo de transferir esos 18 pendientes.
Dávila: "Es discrecional; no estaremos quietos"
Visiblemente molesta, Dávila recalcó al final de su intervención que lo que está ocurriendo entre las dos administraciones "es un absoluto atropello a Canarias". Lejos de apaciguarse, incrementó su evidente enfado y afirmó que, "mientras se hacen kilómetros de AVE, se impide pagar los 500 millones del fallo. Es algo discrecional por parte del Gobierno socialista", pero "no nos vamos a quedar quietos".