Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, exsenador y exconsejero del Gobierno canario, entró en la cárcel Tenerife II a las 17:25 horas de ayer en un coche camuflado de la Policía Nacional para cumplir siete años de prisión, tras ser condenado por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el caso Las Teresitas. Apenas una hora antes lo hicieron el empresario Antonio Plasencia Santos y el exconcejal de la capital tinerfeña Manuel Parejo por el mismo asunto de corrupción. El primero ha sido condenado a cinco años y tres meses de cárcel, mientras que el exedil tiene una pena de siete años. Los tres fueron arrestados por la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV) de dicho cuerpo de seguridad y llevados directamente al centro penitenciario de El Rosario. La orden de su localización y arresto fue dictada por la Sección II de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, ante las elevadas penas de privación de libertad que se les impuso y el elevado riesgo de fuga existente.

El pasado jueves, cuando se supo que el Tribunal Supremo confirmó, en lo fundamental, la condena impuesta en la Audiencia Provincial a los seis principales procesados, también trascendió que la ejecución de la sentencia sería "inminente", como informó El Día.

El tribunal profesional que juzgó el asunto, encabezado por el magistrado Joaquín Astor Landete, se guardó entonces un as en la manga. La entrada urgente en la cárcel de los dos políticos y los empresarios implicados se aplicó "ante la gravedad de las condenas y de los hechos que las motivaron, y la capacidad económica de todos ellos para sustraerse presumiblemente a la acción de la Justicia". Y ayer por la mañana se dictó orden de detención para inmediato ingreso en prisión, según avanzó puntualmente el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ese trabajo fue encargado a agentes de la UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial. Los arrestos de Parejo y Plasencia se hicieron, de forma rápida, a mediodía en sus domicilios y poco antes de las 16:00 horas ya eran trasladados a Tenerife II. Sin embargo, los policías de paisano acudieron a la vivienda de Miguel Zerolo, pero este no se hallaba en la misma. Sus familiares se comprometieron a localizarlo. Cabe recordar que el expolítico está empadronado en Santa Cruz, pero reside habitualmente en Tacoronte. Poco antes de las 17:00 horas, el exregidor santacrucero acudió con su abogada a la sede de la UDEV, en la Comisaría de Tres de Mayo, se entregó y fue apresado.

De no haber sido así, la autoridad judicial hubiera dictado orden de búsqueda, captura e ingreso en la cárcel contra el exalcalde de CC.

Minutos más tarde, tres miembros de la citada unidad de investigación y el propio Zerolo bajaron por las escaleras del edificio y se dirigieron al aparcamiento de la Comisaría de Tres de Mayo, donde esperaba un turismo camuflado. Todos se subieron en un Volkswagen Golf de color blanco y el que fuera poderoso alcalde iba en la parte trasera derecha. De forma rápida se desplazaron hasta el centro penitenciario de El Rosario. A una velocidad moderada, sin maniobras agresivas, el automóvil policial enfiló la recta paralela al acceso a la prisión y, ante un grupo de periodistas, giró a la izquierda. Mientras el agente que iba al volante esperaba por la apertura de la puerta, los reporteros gráficos se aproximaron a la ventanilla junto a la que iba Zerolo. El exregidor mantuvo la calma, como casi siempre. No se tapó con la mano, ni con una prenda de ropa ni se agachó. Tan solo giró algo la cara hacia el interior del coche. En las horas siguientes, fue valorado por un equipo técnico integrado por un psicólogo, un trabajador social, un educador, un médico y un jurista. Igual ocurrió con Manuel Parejo y Antonio Plasencia. Es el protocolo habitual para todos los presos. Cuando los agentes se presentaron en su casa, Ignacio González alegó severos problemas de salud para no ser detenido. Y la Sección II de la Audiencia ordenó que hoy fuera reconocido por un médico forense antes de tomar cualquier decisión. A los técnicos Juan Víctor Reyes y José Tomás Martín se les concedió cinco días para su ingreso voluntario en la cárcel, al tener penas menores de prisión y existir menos riesgo de fuga.