El concejal de Urbanismo de Santa Cruz, Carlos Tarife, sugirió ayer al Gobierno de Canarias que aplique la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias para "acelerar" la ejecución de la Ciudad de la Justicia en el área de Cabo Llanos.

"Que utilice los artículos de la ley que permiten un proyecto de interés regional para suspender la ordenación en este ámbito y que ordene y ejecute el modelo que quiere para el nuevo Palacio de la Justicia", sostuvo Tarife.

"Esa es la vía más rápida. Y la más lenta es meter esta operación en el nuevo Plan General que, a lo mejor, no está aprobado hasta el año 2022", apuntó.

En todo caso, el concejal indicó que lo que "no tiene ningún sentido" es que el Ejecutivo plantee una modificación del Plan General de Ordenación (PGO) de 2013 para hacer la operación de la Ciudad de la Justicia.

"Estamos levantando algunas suspensiones pequeñas con respecto a ese plan, pero el Ayuntamiento de Santa Cruz no va a poner en marcha una modificación del documento pues, entre otras cosas, puede caer definitivamente en unos meses", reconoció Carlos Tarife.

Es más, detalló que hay muchos planes especiales que dependen del PGO aún en vigor que no se van a tramitar. "No van a ser aprobados porque no tiene sentido", insistió.

Paralelamente, el concejal de Urbanismo hizo mención al expediente de disolución de la Junta de Compensación del Polígono Cepsa-Disa, que sigue su curso y que, por tanto, aún no se ha cerrado.

En el marco de ese expediente, Urbanismo deberá estudiar si el consistorio perdió suelo con la expansión en los años 90 de Cabo Llanos, con el fin de determinar la viabilidad de reclamar ahora a la Junta de Compensación, formada por unos 18 propietarios, la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico de dicha expansión.

Precisamente, la asociación de comunidades Los Llanos para Vivir ha mostrado su rechazo a que se liquide la citada Junta de Compensación. En una carta remitida a la Gerencia de Urbanismo, a la que ha tenido acceso este periódico, el colectivo reitera que una parte sustancial de los terrenos destinados a equipamientos públicos han permanecido como solares y no se han ejecutado.

"No nos parece procedente que se disuelva la Junta sin que se clarifique lo anterior y haya constancia de quién es la responsabilidad", aclara el colectivo.

"Hablamos de solares públicos, algunos que estaban destinados a parques, otros a plazas... Nosotros hemos hecho lo que hemos podido", dijo ayer el concejal de Urbanismo.

La asociación de comunidades de propietarios advierte de que en el expediente se echan de menos determinados documentos que serían relevantes a la hora de determinar si procede o no la disolución de la Junta de Compensación, entre otros el informe que justifica la recepción definitiva de la urbanización o el documento justificativo de la devolución del aval correspondiente por parte del consistorio a la Junta.

Tampoco aparece en el expediente, según Los Llanos para Vivir, un informe técnico sobre el nivel de ejecución de las obras de urbanización.

Tarife avanzó que el grupo de gobierno se reunirá "en breve" con los vecinos de Cabo Llanos para abordar este y otros asuntos.