Arona posee un censo de 845 personas que cuentan con expediente de solicitud de ayuda a la dependencia. De ellos, 515 (casi el 61%) permanecen a la espera de que el Gobierno de Canarias proceda a la evaluación del caso o a que resuelva el referido expediente. El área municipal de Servicios Sociales trasladó anteayer a la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Ejecutivo regional la necesidad de que "dedique más recursos y dé solución a los vecinos que tienen derecho a acogerse la Ley de Dependencia".
Las cifras oficiales disponibles por el Gobierno regional reflejan que de las 515 personas que se encuentran a la espera, 350 "carecen aún de la resolución que determine el grado de dependencia que les corresponde, mientras que el resto, teniendo reconocido el grado, no ha logrado que el Gobierno de Canarias les ofrezca el servicio o prestación económica vinculada a los cuidados en el entorno".
Desde la perspectiva de la concejal de Servicios Sociales, Elena Cabello, es una situación "muy grave para cientos de familias de Arona que se ven sobrepasados por la situación".
La edil destaca que es "una cifra muy elevada, detrás de la cual se registran auténticos dramas de familias que llevan esperando hasta tres años, mientras el grado de dependencia y las necesidades van haciéndose mayores. Sin embargo, la Administración autonómica no les da una respuesta o, cuando lo hace, es insuficiente debido al tiempo transcurrido".
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, conocida comúnmente como Ley de Dependencia, establece que, una vez que los ciudadanos son valorados, reciben la resolución sobre su grado y nivel de dependencia y, a continuación, se debe solicitar el Programa Individual de Atención (PIA), con las prestaciones económicas y servicios que deben recibir en función de su situación. A partir de ahí, la Administración debe resolver cada caso.
El Ayuntamiento de Arona recordó a la consejería que, desde la corporación, se aplican programas para paliar la situación de los dependientes y de sus cuidadores, pero "la única solución real es reconocer a estas personas los derechos que les otorga la ley y darles las prestaciones y los servicios que les corresponden".