El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz -CC y PP- sostuvo ayer que mantiene "inalterada", desde 2011, su estrategia jurídica para la recuperación del dinero invertido en la compra del frente de la playa de Las Teresitas, con independencia de los procesos judiciales -consecutivos o simultáneos- que se vienen dirimiendo desde entonces.

Es más, el consistorio recordó que ya promovió desde ese año la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo del año 2007, que anuló la compraventa de los terrenos, y exigió a los empresarios la devolución del dinero a través de la vía civil.

La "incuestionable voluntad" del ayuntamiento por recuperar el dinero malversado se ha sustanciado en un trabajo de los servicios jurídicos en defensa del interés general y, al mismo tiempo, en las cautelas precisas para su mejor salvaguarda, en tanto las decisiones judiciales han ido cobrando firmeza.

Este modo de proceder, indicó el gobierno municipal, avalado desde el primer momento por el anterior concejal de Urbanismo y responsable de los Servicios Jurídicos, José Ángel Martín, tuvo uno de sus episodios fundamentales a raíz de una demanda presentada por Inversiones Las Teresitas (ILT) para reclamar una indemnización al ayuntamiento tras la anulación de la compraventa, que fue respondida a su vez con una demanda reconvencional con la súplica al juzgado de que se procediera a la restitución de los terrenos y a la devolución de 53 millones, más intereses de demora.

En ese proceso fueron los propios servicios jurídicos municipales los que, a instancias de Martín, añade el grupo de gobierno, plantearon la suspensión del proceso civil en curso ante la posibilidad de una prejudicialidad penal, que podría suponer la suspensión del proceso ordinario y en defensa de la prevalencia del proceso penal.

Esos mismos servicios jurídicos han mantenido con posterioridad y en el proceso penal este proceder y, siguiendo con el principio de cautela, han optado por aguardar a la decisión del Tribunal Supremo antes de solicitar formalmente la ejecución de una sentencia que no era firme.

Los servicios jurídicos, "que hoy en día siguen siendo los mismos que en su momento lideró el concejal Martín, no han variado su proceder, una actuación que les valió en reiteradas ocasiones el aplauso y la defensa acérrima de su anterior responsable", añaden desde el consistorio.