El cabeza de lista de Unidas Podemos al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Alberto Rodríguez, afirmó hoy que la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), incluida en el Régimen Económico y Fiscal (REF), es "un fraude legal" y por tanto su partido lo reformará si tiene mayoría para gobernar.

"No solamente hay fraude fiscal ilegal, también hay un fraude legal" en herramientas como la RIC, las Sicav (sociedad de inversión de capital variable) y las Socimi (sociedades de inversión en el mercado inmobiliario), que están destinadas a que "los ricos y la gente que más tiene paguen menos impuestos", dijo Rodríguez.

El diputado y candidato a la reelección y la candidata al Congreso Fátima González se reunieron hoy con representantes del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), cuyo representante en Tenerife, Carlos Fernández, señaló que en el caso de la RIC "la transparencia es fundamental".

Alberto Rodríguez indicó que la política fiscal es básica para financiar los servicios públicos, que son "el pilar básico de cualquier democracia", y denunció el "disparate" que supone que la gente trabajadora y la que menos tiene "es la que mas contribuye a los presupuestos del Estado".

El propósito de Unidas Podemos es que sean los de más tienen los que paguen más impuestos que deben rebajarse "a quienes están sacando el país adelante, como las pequeñas y medinas empresas, cuyo tipo por el Impuesto de Sociedades debe rebajarse.

En cambio, el tipo efectivo para las grandes empresas debe situarse en un mínimo del 15% del Impuesto de Sociedades, frente al 5% o 6% que pagan ahora.

En conjunto, la carga fiscal en España es inferior a la Unión Europea, pero con la particularidad de que "por la parte de abajo" los autónomos y los trabajadores cotizan y pagan más impuestos, mientras "por la parte de arriba hay fraude y evasión".

En el caso del REF, el candidato de Podemos anunció que si Unidas Podemos consigue mayoría suficiente se reformará "para que herramientas como la RIC dejen de servir para que unos pocos se hagan ricos y el resto tengamos que sufragar los servicios públicos".

Todo lo que se haga será con cobertura legal y seguridad jurídica y lo primero será "hacer una auditoría para saber cuánto dinero legal se evade por la RIC", un incentivo fiscal que permite no tributar por los beneficios que se destinen a la inversión.

Carlos Fernández, representante del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) indicó que este colectivo se reúne con los partidos que se lo solicitan para aportar propuestas que permitirían recaudar más y reducir el fraude.

En el caso de la RIC, indicó que "la transparencia es fundamental", así como dotar de más funciones a los técnicos del Ministerio de Hacienda para que puedan inspeccionar y controlar, competencias que ahora mismo están limitadas a los inspectores de Hacienda, que son un reducido grupo de 2.000 funcionarios en toda España, solamente 21 en Santa Cruz de Tenerife, expuso.

Los 120 técnicos que hay en la provincia podrían llevar a cabo muchas más actuaciones si se ampliará la capacidad de sus actuaciones, señaló.

En España ha un empleado en las haciendas públicas por cada 2.200 contribuyentes, el doble que la media europea, que son 1.100 y muy alejados de países como Francia, en donde la ratio está en 700 contribuyentes.

De ahí que el fraude fiscal en España se sitúe diez puntos por encima de la media europea, un dinero que "vendría muy bien para mejorar los ingresos fiscales y controlar el déficit público", dijo Fernández.